La Junta acusa a patronal y sindicatos de fraude en los cursos de formación

María Ángeles Muñoz/
María Ángeles Muñoz

Implica a la patronal Creex, a UGT y CC OO y a la asociación Cepes ante indicios de sobrefacturación por la convocatoria de 2011

JUAN SORIANO

La Junta de Extremadura ha presentado una denuncia en Fiscalía por irregularidades en los cursos de formación para ocupados de la convocatoria del año 2011. Según indicó ayer la consejera de Empleo, Mujer y Políticas Sociales, María Ángeles Muñoz, la cantidad presuntamente defraudada pasa de 3 millones de euros. Las entidades implicadas son los sindicatos UGT y CC OO, la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) y la Confederación de Entidades para la Economía Social y Autónomos de Extremadura (Cepes Extremadura). Eran los beneficiarios de las subvenciones por tratarse de las entidades más representativas.

Muñoz compareció ayer junto al director gerente del Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe), Miguel Lozano, para anunciar los resultados de la investigación que se ha llevado a cabo.

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Según dijo, «tenemos indicios suficientes que podrían determinar que en nuestra región se creó y se alimentó un sistema irregular en la gestión de la formación de ocupados». Añadió que podrían ser responsables de un presunto delito contra la Hacienda Pública, con penas de uno a cinco años de prisión, las entidades afectadas, sus administradores y «todos aquellos que la justicia considere oportuno, ya sea en el ámbito político de gestión o en el ámbito empresarial»

Las presuntas irregularidades se centran en cursos de formación para ocupados, no para parados. En concreto, se trata de la convocatoria del año 2011, pero ya se ha iniciado la investigación para años anteriores que no estén prescritos. La Administración regional podría remontarse hasta cuatro años atrás. Muñoz añadió que en 2012 se endurecieron los criterios de control, por lo que no tiene dudas sobre las subvenciones a partir de entonces.

La convocatoria del 2011 de formación para trabajadores ocupados se publicó en el Diario Oficial de Extremadura el 20 de junio con una dotación de 7,85 millones de euros. De ellos, 6,82 millones eran para planes de formación intersectoriales, 313.400 para trabajadores y socios de la economía social, y 722.000 para autónomos. A finales de ese año, ya con el nuevo gobierno del PP al frente de la Junta, se concedió a la Creex 3.137.500 euros; a CC OO y UGT, 1.830.500 euros cada uno; y a Cepes algo más de 700.000. Las asociaciones de autónomos, así como otra cuantía asignada a CC OO, quedan fuera de la denuncia de la Junta porque no sobrepasan los 120.000 euros de posible fraude y por tanto no hay delito. En todo caso, se actuará desde la vía administrativa. Los cursos se llevaron a cabo en 2012 y principios de 2013.

La consejera de Empleo explicó que la Fundación Tripartita, formada por organizaciones sindicales y empresariales y el Servicio Estatal de Empleo, se encargaba del apoyo técnico y del control para verificar si los costes eran reales y si tenían valor de mercado. «Ahí es donde se han detectado las irregularidades».

En junio del pasado año se recibió una propuesta de subsanación de deficiencias de la Fundación Tripartita. Se planteó un control más riguroso ante liquidaciones que reclamaban el pago de una cantidad sin que hubiera documentos sobre los costes. En julio se informó a las entidades afectadas de que se iniciaba una investigación, para lo que se haría una muestra correspondiente al 10% de las acciones subvencionadas.

Costes injustificados

La Junta contrató a la empresa GEXA Auditores, de Mérida, para estudiar la cuentas. En diciembre emitió un informe provisional que se mandó en enero de este año a las entidades para alegaciones y documentación adicional. En marzo se ha recibido el informe definitivo, que denuncia vinculaciones personales entre las entidades beneficiarias y las empresas contratadas para dar los cursos. También se ha apreciado que en ocasiones se pedían presupuestos a tres empresas distintas que en realidad pertenecen al mismo administrador. Muñoz indicó que esto no supone una infracción, siempre que se pida autorización a la Junta y siempre que se facture de acuerdo con las condiciones de mercado.

Las irregularidades se dan en que los gastos facturados son superiores al coste real. Puso como ejemplo una factura por valor de 69.000 euros que, según la investigación, debía ser de 9.600. En otro caso, la consejera indicó que «la misma persona que da la subvención la concede a una empresa de la que es administrador y se autocontrata él mismo y a familiares como profesores».

También se vieron diferencias entre costes de docencia y el valor de mercado. Por ejemplo, se llegó a pagar a profesores hasta 820 euros la hora, o 630 en otros casos. Además, Muñoz aseguró que las entidades beneficiarias se autoalquilaban las aulas o se proveían a sí mismas de material didáctico con facturas por encima del coste real.

Los indicios de fraude, haciendo una proyección con el 10% auditado, afecta a 1,5 millones de los 3,14 que recibió la Creex; entre 600.000 y 650.000 euros de los 1,8 millones que percibieron CC OO y UGT; y al menos 300.000 de los 700.000 de Cepes. En total, 3 millones de euros.

Además de la denuncia ante la Fiscalía, a la que se ha enviado la auditoría sobre el 10% de los fondos y el expediente completo incluido el 90% restante, «vamos a reclamar para que se devuelva al pueblo extremeño la cuantía defraudada», afirmó la consejera de Empleo. Para ello, habrá que revisar el 100% de la convocatoria. Por su parte, el director gerente del Sexpe apuntó que «probablemente ocurriera lo mismo en años anteriores, pero no hemos investigado».