Los regantes dan de plazo hasta diciembre para el inicio de las obras de Tierra de Barros

«Si a final de año no hay nada nuevo, ni inicio de las obras por parte de la Junta de Extremadura, ni dinero para el proyecto, tendremos que disolvernos como entidad«, anticipó este martes por la tarde en Almendralejo, en una asamblea ordinaria de la comunidad de regantes en la que se palpó el desánimo que lastra a los agricultores apuntados desde hace una década a este proyecto ideado inicialmente para riego de apoyo a 15.000 hectáreas de olivar y viñedo, fundamentalmente, de 1.200 regantes.

Hurtado dice que desde hace tiempo no se ha «aportado soluciones» para sortear el «problema de financiación con fondos europeos« pero si hay »voluntad se puede hacer el regadío con fondos propios de la región«. No entiende como la Consejería de Gestión Forestal no busca «alternativas» al rechazo de echar mano de 3.500 hectáreas de reserva para reemplazar 1.500 que se han eliminado ya del proyecto.

«Lo están dejando morir por inanición. Y si eso ocurre no va a ser culpa de la comunidad de regantes», sentenció. Las últimas manifestaciones públicas del Ejecutivo regional es que la obra se acabará ejecutando, sin poner plazos.

Este diario informó en diciembre del año pasado que los agricultores tenían ya muchas dudas sobre la voluntad política del Gobierno regional de apoyar financieramente el plan, como se había comprometido. Dudas por la retirada de fondos previstos. A los 104 millones del proyecto que se destinan a otras medidas del Plan de Desarrollo Rural se suman otros 27 millones retirados del plan estratégico de la PAC (Pepac). No han sido los únicos.

El plazo de diciembre tiene que ver, administrativamente, porque es el momento para celebrar otra asamblea y también porque hasta esa fecha la comunidad de regantes tiene fondos para el funcionamiento de la misma. Si quisiera seguir activa a partir de enero de 2026, se debería pedir una derrama a los regantes y nadie, apunta Isidro Hurtado, está dispuesto a poner dinero de su bolsillo cuando las expectativas de que fructifique el regadío son prácticamente nulas.

Apunta además Hurtado que la declaración de impacto ambiental (DIA) fue aprobada en agosto de 2021 y su vigencia caduca precisamente en el próximo agosto si no se ha iniciado obra alguna. «Se podría prorrogar, sí, pero para eso se necesita una certeza de que va a salir adelante el proyecto y eso ahora mismo no existe. Más bien, todo lo contrario», agrega en declaraciones a este diario.

En este sentido, desde la comunidad de regantes se apunta a que una prórroga de la declaración de impacto debe ser una iniciativa de la Junta y sería por 2 años. Sólo es posible solicitarla una vez, con lo cual la DIA cubriría hasta agosto de 2027.

Explican, desde el punto de vista administrativo, que la obligatoriedad de empezar las obras antes de agosto de 2027 exigiría que que los trámites para licitar las obras deberían empezar antes de esta Navidad. "Un proyecto tarda aproximadamente un año y medio para ponerse en marcha mientras se tramitan las autorizaciones administrativas, se organiza el concurso y las bases, se preparan y presentan las ofertas por parte de las constructoras, se evalúan las mismas por parte de la administración y se adjudican... al que hay que añadir posteriormente el mes/dos/tres meses (mínimo) para iniciarse las obras", se cuenta.

De no haberse empezado las obras para esa fecha, agosto de 2027, sería necesario hacer una nueva DIA. Esto supondría como mínimo tres años, calculan desde la comunidad, para su redacción sin saber, además, si resultaría favorable o no.

 

Isidro Hurtado, de otro lado, asume su continuidad como presidente de la entidad de regantes hasta diciembre. Ayer se celebró también una asamblea extraordinaria para renovar sus órganos directivos. «Nadie quiere presentarse para seguir al frente y había que renovar los órganos directivos. Y he decidido seguir al menos durante los próximos seis meses, aunque el desgaste personal que ha conllevado este proyecto tan ilusionante y ahora que se muere por inanición ha sido enorme», culmina.

CRONOLOGÍA

-1998. El consejero de Agricultura, Eugenio Álvarez, anuncia tras una conferencia con la ministra Loyola de Palacio, la apuesta por el regadío en Tierra de Barros. Se haría entre 2008 y 2016. El Gobierno de Aznar no lo contempló en el Plan Nacional de Regadíos.

-2014. El Gobierno de José Antonio Monago elabora un anteproyecto. Se crea la comunidad de regantes. Regar costaría 130 millones (primero se dijo 90). Las obras empezarían en 2016 y estarían acabadas en 2018 o 2019.

-2015. El Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara se reúne con los agricultores. Presenta el anteproyecto a la ministra García Tejerina, quien asegura desconocer el plan. Se fija el coste: 195 millones.

-2018. El Gobierno de Mariano Rajoy rechaza financiar el proyecto al no verlo de interés general. La Junta sigue adelante y busca alternativa.

-2019. El Ejecutivo de Pedro Sánchez se compromete a pagar 66 millones. Lo declara de interés general en la ley de Presupuestos, que no consigue aprobar.

-2020. La Junta de Extremadura presenta el proyecto final. El coste, 272 millones. Las obras comenzarían en 2023 y estarían concluidas en 2026. El Gobierno vuelve a incluir la declaración de interés general en los presupuestos.

-2021. La Confederación del Guadiana otorga la concesión de 43,38 hectómetros cúbicos a extraer de los embalses de Alange y Villalba para el regadío. El proyecto consigue la declaración de impacto ambiental, entre otros permisos.

-2022. La Junta autoriza el convenio con los regantes. Aportaría 207.284.132 euros y los regantes, 65 millones.

-2023. El Gobierno extremeño dice que licitará las obras en 2024. Calcula un coste adicional de 100 millones, que lo asumirá para hacer el proyecto. Después dice que los primeros trabajos serían en el primer cuatrimestre de este 2024.

-2024. El Gobierno regional retira 104 millones del PDR para el regadío de Tierra de Barros y los redistribuye entre otras actuaciones. También quita fondos previstos dentro del Pepac.

-2025. La Junta propone rehacer el convenio con los regantes, quitando hectáreas (quedando el regadío entre 8.000 y 12.000 como mucho) y si entran las de reserva, hacer una nueva declaración de impacto ambiental. La vigente caduca este agosto. Los regantes se oponen.