Tragsatec dice que las expropiaciones del regadío se paralizaron en marzo de 2024
El gerente de la empresa pública dice que ese día recibió la comunicación de la Junta de que no se iba a continuar adelante "por motivos ajenos al servicio"
Un correo electrónico enviado el 14 de marzo del año pasado por el jefe del servicio de Regadíos de la Junta (gobierno de PP y ... Vox entonces) puso fin al proceso de expropiación iniciado dos años antes para el desarrollo del proyecto de regadío de Tierra de Barros. Desde entonces no ha avanzado administrativamente hablando y el proyecto se ha ido quedando sin presupuesto para su ejecución. El gerente de la empresa pública Tragsatec, del grupo Tragsa, a la que la Junta encargó los complicados trámites de expropiación, Francisco Antonio Domínguez Lama, ha sido el encargado de ofrecer esa información esta mañana, en la segunda sesión de comparecientes en la comisión de investigación que se desarrolla en la Asamblea de Extremadura.
«¿Ha recibido usted algún tipo de orden de paralizar, ralentizar el proyecto [de regadío]?», le ha preguntado a Domínguez el diputado de Vox Javier Bravo. «De ralentizar, no. De paralizarlo, sí. Recibí una indicación por parte del servicio de Regadíos, director facultativo del expediente, diciendo que era (la paralización) por motivos ajenos al servicio», ha respondido el gerente de Tragsatec en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla.
En su exposición ante los diputados, Domínguez Lama ha informado que en julio de 2021, gobernaba el PSOE, se le encomendó a la empresa pública el inicio de los trabajos de expropiación de parcelas para el regadío de Tierra de Barros. Para ello Tragsatec contrató a 3 técnicos, 2 expertos jurídicos y 4 administrativos. En septiembre de 2022 «prácticamente estaban listas todas las actas previas de ocupación en los 12 municipios» en los que se iba a desarrollar el proyecto. Domínguez ha dicho que se agotó la partida presupuestaria para esa encomienda y la Junta les otorgó una segunda a partir de enero de 2023 para dar continuidad a los trabajos expropiatorios.
Tragsatec avanzó «mucho» en estos trabajos y avanzó «con mucha tranquilidad», ha aseverado su gerente. Incide incluso que hasta duplicó la plantilla necesaria para ese proceso expropiatorio, llegando a 18 trabajadores. El cambio en ese avance administrativo, ha expresado, se produjo el 14 de marzo de 2024.
Recibió esa comunicación por correo electrónico en la que, literalmente, se dice que no se sigue adelante porque «es necesario solventar incidencias a nivel externo». Domínguez Lama ha aseverado que no recibió «más explicaciones» concretas sobre esas incidencias ni tampoco las pidió porque Tragsatec no entra a valorar por qué se le encarga un trabajo o por qué se le paraliza.
Andrés Moriano, diputado del PSOE, ha indicado que su partido ha pedido el documento al que hace referencia el gerente de Tragsatec pero, dice, la Junta no se lo ha mandado. En todo caso, en clave política, Moriano ha enfatizado que la comparecencia del gerente de la empresa pública ha demostrado que el anterior Ejecutivo regional socialista dio todo los pasos necesarios para seguir adelante con el proyecto de regadío de Tierra de Barros «porque había voluntad y había fondos disponibles para ello». Al mismo tiempo ha acusado a la actual presidenta extremeña, María Guardiola, a la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, y al consejero de Gestión Forestal, Ignacio Higuero, de ser los «culpables» de parar un proyecto «pensando para generar riqueza en una comarca».
Mientras, José Alberto Pérez Álvarez, del PP, ha defendido que a la misma vez que se realizaba el encargo de inicio de las expropiaciones a Tragsatec el anterior Ejecutivo regional «ya tenía constancia de que la Comisión Europea mostraba sus dudas sobre la elegibilidad de los fondos europeos consignados para el proyecto».
Pérez Álvarez ha preguntado al gerente de la empresa pública si tenía constancia de las cartas enviadas por la Comisión a Extremadura requiriendo más información y, en suma, evidenciando sus reticencias a ese nuevo regadío. Domínguez ha dicho que no, que su trabajo se ceñía al proceso expropiatorio.
Fuera de la sala en la que se desarrollaba la Comisión, el PP y el PSOE volvieron a chocar vía comunicado de prensa, en el primero caso, y de improvisada rueda de prensa en el segundo. El popular Bibiano Serrano insistió, en primer lugar, en el «boicot» del Gobierno a la Comisión porque también ha excusado su ausencia de la comisión un funcionario del Ministerio de Agricultura, en este caso la subdirectora General de Regadíos, Caminos Naturales e Infraestructuras Rurales de la Dirección de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, Cristina Clemente.
«El Gobierno de María Guardiola sacará a la luz toda la verdad para que toda la sociedad extremeña y los principales afectados que son los 1.200 regantes tengan la seguridad de que los engañaron vilmente», ha dicho Bibiano en nota de prensa.
Por su parte, la socialista Piedad Álvarez, en un 'canutazo' a los medios en el Patio de los Naranjos, asevera que el PP «está nervioso porque sabe que está certificando definitivamente el fin del proyecto de regadío de Tierra de Barros. Un proyecto para modernizar 15.000 hectáreas y dar un futuro mejor» a 1.200 familias«. Tras acusar a los populares de »mentir y volver a mentir«, Álvarez exige a Guardiola »que dé la cara y no se esconda detrás de los diputados del PP».
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