Cuando el pueblo se opone a un proyecto en Extremadura

En la propia comarca de Salvatierra, uno de los pulmones medioambientales de Extremadura y del suroeste ibérico, hay casos cercanos en el tiempo.

En Jerez de los Caballeros, cabecera de la Sierra Suroeste, se quiso implantar una planta de tratamiento de residuos que conllevaba también un vertedero (no se llegaron a aportar números de forma oficial sobre cómo sería pero el guión parece recordar a lo que se pretende hacer en Salvatierra). Sucedió en 2018.

Sus promotores indicaron que habría un vertedero de residuos no peligrosos, una planta de inertización y estabilización de los residuos, otra de valorización de los residuos, otra más para el tratamiento de residuos líquidos y distintas naves. Aparte de eso, lo relevante es que se buscaba instalarse en 31 hectáreas de la Dehesa Boyal, terreno municipal, por un periodo de 50 años.

La polémica fue tan intensa como breve: menos de un mes. El asunto trascendió cuando se llevó a un pleno, el del 20 de febrero, la licitación del pliego de licitación de unos terrenos en la Dehesa Boyal para un proyecto para el funcionamiento de una planta de residuos, tanto para tratamiento como de vertedero. La movilización social jerezana fue destacada. El 19 de marzo, el Pleno revocó la licitación. Se disolvió el proyecto de planta de residuos.

Pero antes que en Jerez, la historia de un masivo y persistente rechazo social a una iniciativa sucedió en otro pueblo de la Sierra Suroeste. Fue en Zahínos.

Todo empezó a principios de 2019 con el permiso concedido por parte de la Administración autónoma para investigar la presencia de uranio en la finca Cabra Baja. Apareció ese permiso el 2 de enero.

En realidad, bajo el régimen de Franco una mina de uranio ya funcionó allí, tuvo actualidad durante unos años, y la concesión de ese permiso para investigar si seguía existiendo ese mineral se intuyó hace tres años como la antesala para intentar reabrirla. Las últimas investigaciones sugerían que ese yacimiento cuenta con el mayor potencial de uranio de España. La superficie a investigar era de 286 cuadriculas mineras

La mayor parte de la finca está en el término de Villa nueva del Fresno, pero también abarca a los de Jerez, Zahínos, Oliva de la Frontera e Higuera de Vargas.

Sin duda fueron los zahineros quienes más visualizaron su rechazo a ese permiso de investigación que la propia Junta desestimó en julio de ese año tras estimar los recursos planteados.

Con todo, la empresa que aspiraba a contar con ese permiso no se rindió. Inició un litigio en los tribunales. De hecho, primero, a través del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) estimó en septiembre de 2020, la empresa recibió el visto bueno a su deseo de investigar, revocando por tanto la denegación del Gobierno regional. El TSJEx se desdijo en febrero de 2021 y en marzo de ese año denegó finalmente el permiso.

Pero en este transitar el proyecto quedó definitivamente sentenciado por una doble vía. Primero, la judicial. El Tribunal Supremo dio finalmente carpetazo al asunto del permiso de investigación en un fallo que se conoció en noviembre de 2021. Segundo, la política. En febrero de ese año, PSOE y Podemos, juntos en el Gobierno, llevaron al Congreso que la entrada en vigor de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética pondría fin a la posibilidad de nuevas autorizaciones de exploración o explotación de hidrocarburos, así como de minería de materiales radiactivos. Asunto definitivamente cerrado para alivio del suroeste extremeño.

Sin embargo, el asunto que mayor movilización ha propiciado, tanto en contra como también, aunque en menor medida, a favor, ha sido un proyecto industrial que oficialmente no se cerró hasta octubre 2016, cuando se liquidó la empresa que lo impulsaba, aunque estaba ya enterrado desde 2012. Todo empezó en 2003.

Estamos hablando de la idea de instalar una refinería en el término de Los Santos de Maimona por parte de Refinería Balboa, cuya sede se planteaba en la vecina Villafranca de los Barros.

Fue un proyecto de Alfonso Gallardo Díaz, el empresario de Jerez de los Caballeros que, desde la nada, creó uno de los grandes (y escasos) grupos industriales de Extremadura. Sus empresas, en buena medida, han ido a parar ahora al otro grupo extremeño de referencia, también liderado por un jerezano, el de Cristian Lay, fundado por Ricardo Leal Cordobés.

Pero, lo dicho, hay que mirar a 2003 o mejor dicho unos meses antes, en 2002, aunque no fue hasta 2003 cuando se anunció públicamente. Gallardo le había comentado al presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra la idea de una planta de refino en suelo extremeño, con un oleoducto desde Huelva o desde Sines (Portugal) con sus consiguientes estaciones de bombeo, para una refinería para hacer frente al déficit de gasoil que existía en España, donde se importaba el 20% del combustible necesario.

Ibarra volvió a ganar las elecciones de 2003 y en su sexto debate de investidura dio a conocer una gran primicia: habría una refinería de petróleo en la región.

En mayo de 2004, se desveló que quien estaba detrás del proyecto era el industrial Alfonso Gallardo, quien ya poseía una acería, una cementera y se pretendía meter en el tercer sector que, a su juicio, mueve el mundo: el petróleo.

En diciembre de ese año una primicia de HOY reveló que la refinería iba a contar en su accionariado con capital público a través de la sociedad Sofiex y que ya contaba con una ubicación definitiva: la Sierra de San Jorge, en Los Santos, muy cerca de la comarca de Tierra de Barros.

En febrero de 2005 se supo que Gallardo tendría el 47% del accionariado, Sofiex entraba con un 20%, con lo que la mayoría quedaba en manos extremeñas; BBVA, Caja Madrid e Iberdrola se hacían con el 10% cada una y Caja Extremadura con un 3%. El socio tecnológico inicial, Repsol, se caía, cogiendo el testigo la petrolera holandesa Shell. El capital social era de 50 millones.

El debate irrumpió en la sociedad extremeña (en la política y en los colectivos de diversa índole) de una forma brusca en la que prácticamente no hubo término medio. O se estaba a favor o se estaba en contra. Fue aún más acentuado en las localidades 'implicadas'. Sobre todo, en Villafranca de los Barros.

Unos defendían las excelencias de una planta de refino capaz de generar entre 2.500 y 3.000 puestos de trabajo durante su construcción, y otros 1.500 o 2.000 durante su explotación. Por el lado contrario, emergieron movimientos ecologistas y, sobre todo, ciudadanos que decían no a la refinería de forma clara y contundente.

Manifestaciones, cortes de carreteras, concentraciones...los partidarios de 'Refinería NO' se visualizaron mucho más que los favorables al proyecto, agrupados en una asociación creada para defender la planta de refino.

Villafranca fue el epicentro de una conflictividad social que también se trasladó a otros puntos de la región, entre ellos, a la capital, Mérida.

En julio de 200, José Luis Rodríguez Zapatero, entonces presidente del Gobierno, celebró Consejo de Ministros extraordinario en la capital extremeña y se topó con 3.000 manifestaciones contra la refinería.

Zapatero había dicho que apoyaría la refinería...pero su ministra Cristina Narbona, de Medio Ambiente, abanderaba la postura contraria.

Gallardo solicitó permiso de construcción al Ministerio de Medio Ambiente el 9 de junio de 2005. Pero faltaba, como elemento, clave, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Los errores administrativos y las alegaciones eternizaron la respuesta a la solicitud de permiso ambiental. Fue en julio de 2012 cuando el Gobierno hizo pública una DIA negativa. A partir de entonces la idea de una refinería extremeño quedó ya, en la práctica, bloqueada. Su defunción llegó en 2016 con la disolución de la sociedad Refinería Balboa SA.

En este historial de iniciativas industriales con polémica hay que reservar un hueco a una que se planteó en Villanueva de la Serena. Fue en septiembre 2010.

Una empresa anunció que quería poner en marcha un centro de gestión de residuos industriales en una parcela cerca del polígono Montepozuelo, en el término municipal villanovense. Se planteó en 26 hectáreas, que debía vender el Ayuntamiento.

El alcalde, Miguel Ángel Gallardo, comunicó que se le había presentado el proyecto. No puso trabas a que el mismo siguiera con su tramitación a expensas, remarcó, de lo que se dictara en el documento de impacto ambiental.

Pero en marzo de 2011, el propio Gallardo dijo que no habría que esperar a la DIA para conocer si saldría adelante o no la planta. Desechaba el proyecto. El Ayuntamiento no iba a vender esas parcelas para una actividad de ese tipo. Lo explicó tras escuchar a colectivos, asociaciones y a numerosos vecinos.

Admitió el regidor de Villanueva que la «alarma social que se creó tras el anuncio» de este proyecto, le llevó a intensificar sus reuniones con ciudadanos y asociaciones de todo tipo.

El último ejemplo notable de contestación social en Extremadura hace un proyecto llega desde la comarca de Montánchez, en el centro de la provincia cacereño.

Entre marzo y julio de este año se han ido publicando las resoluciones ambientales negativas por parte de la Junta a tres proyectos de parques eólicos, que sumaban 110 megavatios de potencia en la localidad montanchega y en otras de su entorno.

Cuando se presentaron estos parques de aerogeneradores se constituyó una plataforma cívica que inundó de alegaciones la ventanilla de la Administración regional para impedir su aprobación.

Tampoco han salido otros proyectos renovables eólicos en el entorno de Trujillo. Su promotor los retiró antes de ser evaluados.

Un proyecto que, de momento, no está resuelto es el de la mina de litio de Cáceres. La tramitación administrativa hace que ahora se plantee la extracción en el paraje Valdeflórez de forma subterránea. Una idea que, en todo caso, no convence a una parte de los cacereños, que alineados en torno a la plataforma 'Salvemos la montaña' rechazan cualquier tipo de extracción. Otra parte de la sociedad cacereña mira ya sin recelo el proyecto.