El BOE publica la Ley de grandes instalaciones de ocio y Vara anima a los interesados a presentar proyectos

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este martes la Ley 7/2018, de 2 de agosto, extremeña de grandes instalaciones de ocio (LEGIO), por lo que «a partir de ahora los que quieran acogerse a ella tienen la ventanilla abierta para presentar sus proyectos», según el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara.

A preguntas de los medios en rueda de prensa, Vara ha valorado la publicación en el BOE de esta norma, la cual regula un régimen jurídico especial y específico para el establecimiento en Extremadura de grandes instalaciones de ocio, así como las actividades económicas que tengan relación con el mismo.

«Me consta que algunos interesados han estado por aquí viendo algunas cosas pero no tengo información en más profundidad», ha asegurado el presidente extremeño.

Se podrán acoger al régimen jurídico específico de esta ley las iniciativas empresariales privadas que incluyan un complejo destinado a ubicar actividades de ocio, recreativas, deportivas, culturales, comerciales y hoteleras, además del juego de azar.

Las grandes instalaciones de ocio deberán tener una superficie mínima de trescientas hectáreas, de las que al menos el promotor tenga la disponibilidad dominical efectiva de dos tercios, y una inversión global del proyecto de al menos mil millones de euros.

La creación de un mínimo de dos mil puestos de trabajo directos en las actividades económicas ubicadas en la gran instalación de ocio y la creación de un mínimo de tres mil plazas de alojamiento hotelero son otros de los requisitos.

También se exige la solvencia financiera de la entidad promotora solicitante mediante la constitución de garantía financiera provisional de, al menos, 10 millones de euros, y una previsión temporal de ejecución material del proyecto no superior a 5 años.

Entre otros aspectos, la calificación del proyecto como gran instalación de ocio conllevará la aplicación de procedimiento de urgencia en la tramitación de los procedimientos administrativos relativos al mismo y previstos en la normativa autonómica, reduciéndose a la mitad los plazos ordinarios establecidos, salvo los relativos a la presentación de recursos.