La Junta rechaza adelantar la incorporación a sus plazas de cuidadores y técnicos
UGT pedirá a María Guardiola que intervenga «para consensuar una solución que no perjudique a los alumnos pero tampoco a los trabajadores»
A. B. Hernández
Martes, 28 de enero 2025, 21:01
La Junta no dará marcha atrás en la decisión adoptada y mantendrá en sus puestos de trabajo hasta final de curso a 323 profesionales – ... 236 ATE-cuidadores, 74 técnicos de Infantil y 13 intérpretes de Lengua deSignos.
«La Junta de Extremadura ha atendido las necesidades de las familias que nos han trasladado que lo prioritario era que esos ATE, TEI e intérpretes de Lengua de Signos continuasen hasta final de curso para no afectar de forma grave y evidente a la educación de los niños», explica a HOY la Consejería de Hacienda y Administración Pública. «Es una decisión que se toma en beneficio de esos niños que tienen necesidades educativas especiales», ahonda.
«Se trata de un problema creado por el anterior gobierno, que elaboró un proceso de estabilización sin tener en cuenta las consecuencias para los alumnos más vulnerables», opina el departamento que dirige Elena Manzano y, por eso, ahora se ha buscado una solución en su favor. Una medida «que ha sido muy bien acogida por las familias y las asociaciones y demuestra que lo que de verdad nos importa son las personas. Este Gobierno trabaja para ofrecer una educación y una asistencia de calidad a nuestros alumnos».
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400 trabajadores reclaman a la Junta ocupar sus plazas
La consejera de Hacienda ha confirmado este martes igualmente a UGT que la medida adoptada, en atención a la petición planteada por familias de alumnos con necesidades educativas especiales y asociaciones del sector de la discapacidad, no se va a modificar. «Nos ha dicho que se trata de una decisión política, que está tomada y que se va a mantener», indica Erica Gutiérrez, secretaria de Autonómica de la central al término del encuentro.
En la reunión con Manzano, UGT, como también lo han hecho CSIF y opositores afectados por la medida de la Junta, ha reclamado a la consejera de Hacienda que dé marcha atrás en la medida adoptada. «Porque se ha tenido en cuenta a las familias y a los menores para tomarla, pero no a la tercera parte implicada, que son los trabajadores», argumenta la representante de UGT. A cerca de 400 trabajadores que han logrado una plaza en propiedad de estas categorías, bien a través del proceso de estabilización o por medio del concurso de traslados, y que no podrán incorporarse a sus puestos hasta final de curso.
«Hemos propuesto que se permita la incorporación de los propietarios de plazas y que convivan durante unos días con quienes las ocupan para facilitar la adaptación de los menores», expone Erica Gutiérrez. «Sabemos que es un enorme encaje de bolillos el que hay que hacer, pero creemos que hay que intentarlo para adoptar una medida que no perjudique a ninguna parte».
La vía judicial
La propuesta ha sido rechazada por Manzano, pero UGT quiere planteársela ahora a la presidenta de la Junta, María Guardiola. «Queremos agotar todas las vías de diálogo antes de las movilizaciones. Por este motivo, vamos a solicitar una reunión con la presidenta de la Junta, para desbloquear la situación y encontrar una solución que tenga en cuenta tanto los intereses del alumno como los derechos de los trabajadores afectados», argumenta.
De no encontrarse la solución consensuada que permita a quienes han logrado una plaza en propiedad de ATE, TEI e intérprete de lenguaje de signos incorporarse a sus puestos de trabajo al mismo tiempo que quienes la han conseguido en otras categorías laborales, previsiblemente a partir de marzo, el sindicato anuncia movilizaciones.
«Emprenderemos protestas para exigir el respeto de los derechos laborales de estos colectivos y garantizar su incorporación en condiciones justas». Además, añade Erica Gutiérrez, «pondremos a disposición de los afectados nuestros servicios jurídicos para reclamar sus derechos laborales, patrimoniales y personales por los perjuicios que se les genera con el retraso a la incorporación de sus plazas». UGT defiende que «las decisiones políticas no pueden traducirse en vulneración de derechos».
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