La Junta publica una lista de 7.700 alumnos con derecho a la ayuda por la falta de transporte escolar

Para ello la Junta ha destinado una partida de 596.960 euros y las ayudas tienen en cuenta un recorrido de ida y vuelta por día lectivo entre el domicilio familiar y el centro escolar en que esté matriculado el alumno. Por tanto pagará dos trayectos, aunque las familias aseguran que han tenido que hacer cuatro diarios para llevar a los estudiantes a los colegios e institutos.

El periodo de estas ayudas comprende del 11 de al 19 de septiembre de 2025, ambos incluidos, y lo publicado ahora por el Gobierno extremeños es la relación provisional de beneficiarios. Quienes no estén en dicho listado y consideren que tienen derecho tendrán que presentar una solicitud.

En ese listado la mayoría de los alumnos aparecen con incidencias que tienen que subsanar, como la falta de cuenta de DNI o cuenta bancaria, que deberá estar activa en el Sistema de Terceros de la Junta de Extremadura.

Una vez realizadas las comprobaciones, la Junta emitirá una relación definitiva de beneficiarios y el abono de las ayudas lo realizará en un pago único.

Hay que recordar que las rutas de transporte escolar ya se han restablecido después de que la Junta y los transportistas llegaran a un acuerdo para desbloquear el conflicto. Eso fue el martes, 16 de septiembre. Sin embargo, tras la solución todavía hubo un centenar de alumnos sin autobuses para llegar a sus centros educativos y fue el 24 de septiembre cuando se restablecieron todas.

Fue cuando terminó una crisis que ha tenido en vilo a miles de familias extremeñas. El año académico empezó en esta comunidad autónoma con más de 200 rutas sin cubrir, lo que supuso que más de 7.000 de los 16.000 alumnos de la región que hacen uso de este servicio estuvieran sin autobús que les llevara desde sus localidades hasta los colegios e institutos durante cuatro jornadas lectivas.

El martes, 16 de septiembre, el Gobierno extremeño y los transportistas llegaron a un acuerdo con el que, entre otras cuestiones, la Junta abandonaba la vía judicial y se comprometía a pagar a las empresas un 65% por algunas de las rutas.

Hay que recordar que la Junta presentó en la noche del 4 de septiembre en el juzgado de guardia de Mérida una denuncia por vía penal contra varias empresas de transportistas por supuestas coacciones que, según el Ejecutivo regional, «tenían como fin alterar el precio de los contratos, obteniendo su adjudicación por un valor muy superior al que estas mismas empresas suscribieron en el acuerdo marco». Además, el Gobierno solicitó medidas cautelares para obligar a los empresarios a que prestaran este servicio considerado un «derecho fundamental».

En ese momento había 242 rutas sin adjudicar porque los concursos quedaron desiertos ante el plante de los empresarios. Seguidamente, a pocas horas del comienzo de las clases, la Junta convocó una licitación de urgencia para intentar cubrirlas, pero solo logró asignar 19, por lo que quedaron 223 sin empresas.

Con esa situación, el Ejecutivo adjudicó de forma directa las rutas, pero los empresarios hicieron caso omiso a la resolución administrativa. Además, entre tanto, la justicia denegó la medida cautelar solicitada por la Junta para obligar a los empresarios a prestar el servicio y miles de estudiantes estuvieron cuatro jornadas lectivas sin transporte escolar.

Con un amenaza de huelga estudiantil y protestas por toda la región, las empresas y la Junta llegaron a un acuerdo tras llamadas telefónicas y varias reuniones presenciales en Mérida.