Los detalles del acuerdo entre Junta y transportistas: precios del 65% más en algunas rutas

El documento incluye precios para algunas rutas que suponen un incremento del 65%, según ha podido saber HOY. Ambas partes han firmado que las líneas de la categoría B, es decir, las que se realizan con autobuses de ocho a 25 plazas pasen a pagarse por día y durante este curso de 157, como recogía el Acuerdo Marco firmado en 2024, a 259,75 euros.

«Las empresas que venían prestando el servicio a la finalización del curso pasado lo harán desde este miércoles, 17 de septiembre, y hasta finalizar el curso 2025-2026 y con una subida del precio en la categoría B», dijo la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, cuando anunció el acuerdo, aunque en ese momento no entró en detalles.

Hay que tener en cuenta que existen otras tres categorías y por cada una de ellas las empresas cobran una cantidad económica. El Acuerdo Marco contempla 110 euros para los microbuses de una a ocho plazas (categoría A), 257 para los de 25 a 55 asientos (C), y 284 para los que los que superan las 55 puestos (D).

Sin embargo, esos precios también se han incrementado en los contratos de urgencia que la Junta ha ido convocando durante 2025, año que ha estado marcado por las licitaciones que se iban quedando desiertas, en total diez. Y esas cuantías son de 144,20, 307,20 y 346,33 euros para las categorías A, C y D, respectivamente.

Pero más allá del precio, el sector ha logrado que se tengan en cuenta en este acuerdo reivindicaciones históricas relacionadas con la organización de su trabajo diario. En ese sentido, Vaquera aludió a cuatro asuntos a los que la Administración ha accedido siempre y cuando se cuente con el acuerdo expreso de todas las empresas integrantes del actual Acuerdo Marco. Si es así, el texto dice literalmente que «iniciarán los trabajos necesarios para que se contemplen en los pliegos de todos los contratos relativos al transporte escolar».

Pero en qué consisten esos asuntos. Son cuatro y el primero de ellos alude a los cambios de categoría. Esto quiere decir que durante el curso puede haber variaciones en el número de alumnos a desplazar de los municipios a los centros educativos. El problema se da cuando ese cantidad supone cambiar la categoría teniendo en cuenta las plazas y por tanto el precio que se paga por dicho servicio. El sector reivindica que esa modificación se cobre cuanto antes.

El segundo punto alude la autorización de uso regular especial. Los transportistas necesitan un permiso para realizar cada trayecto. Es un trámite aparte de la adjudicación de la licitación. Se trata de un documento que solicitan recibirlo de inmediato y no tener que esperar y enfrentarse a posibles multas si durante un servicio, en carretera, los agentes de la Guardia Civil se lo piden. Si no lo tienen en ese momento pueden enfrentarse a sanciones de 4.000 euros. Ante eso solicitan celeridad a la Administración.

El tercer punto se refiere a las modificaciones de itinerario. Durante el curso piden que no se cambien rutas por completo o se lleven a cabo variaciones que supongan un claro incremento de kilómetros.

Por último, las plazas de movilidad reducida también han estado en el centro de la negociación. Si hay un alumno que, por ejemplo, necesita silla de ruedas, los autobuses tienen que disponer de plataformas adaptadas para ello. El problema para este sector llega cuando esa situación no se da desde el inicio de curso o en el momento de la licitación, sino que el estudiante se incorpora más tarde o se incluye a alumnos con esa necesidad después del concurso público, lo que implica cambios de vehículos.

A ello se han sumado otros aspectos como las matriculaciones. En Extremadura se solicita que un determinado vehículo, con una matrícula concreta, realice una ruta específica. Ante eso los empresarios siempre han reivindicado que las adjudicaciones se realicen por flotas, es decir, por conjuntos de autobuses y así tener la facilidad de cambiar los autocares si se presentan imprevistos, una petición que ya se lleva a cabo en otras comunidades autónomas.

Finalmente, el abandono de la vía judicial también ha sido vital para acercar posturas. La Consejería de Educación no se presentará como acusación particular en la denuncia que puso por vía penal el pasado día 4 de septiembre contra las empresas por supuestas coacciones.

Tampoco presentarán recurso contra el auto que denegó como medida cautelar obligar a las empresas a prestar el servicio para garantizar un derecho esencial. «No se seguirá adelante por esa vía», aseguró Vaquera.

De este modo, y con esos puntos que han marcado las tensas negociaciones entre la Junta y la Administración, finalmente ha habido firma. Desde este miércoles, los 5.000 alumnos que no estaban siendo recogidos por autobuses para llevarles a sus centros educativos han visto solucionado el problema, aunque se han dado incidencias muy puntuales en algunas de las 579 rutas que existen en Extremadura.