Dos técnicos avalan la viabilidad del regadío de Tierra de Barros y la reticencia de la UE a nuevos proyectos

En clave política, tanto PP como PSOE, con periodos de gobierno en los que el proyecto de Tierra de Barros se ha tramitado, han destacado lo que ya se sabía de antemano: el 'culpable' de que no se haya puesto en marcha es el contrario. Al mismo tiempo, Irene de Miguel, cabeza visible de Unidas por Extremadura, ha ratificado su opinión de que se trata de un proyecto inviable, que los dos partidos mayoritarios han engañado a los regantes, a los que deberían pedir perdón, y que «nadie se atreve a expedir un certificado de defunción de este proyecto que realmente está muerto». Y Vox, por boca de su diputado Javier Bravo Arribas, ha mantenido su convencimiento de que el proyecto es ejecutable.

La amplia lista prevista de comparecientes a esta comisión -cerca de 80 personas- se ha visto reducida esta mañana ante la ausencia de los dos funcionarios del Ministerio de Agricultura que habían sido convocados por parte del Partido Popular. Los funcionarios del Ministerio han excusado su ausencia diciendo, según ha leído la presidenta de la comisión, Pilar Gómez de Tejada, aduciendo informes jurídicos de la Abogacía del Estado en los que se indica que no están obligado a comparecer. Esta ausencia es interpretada por el PP extremeño como un «boicot» del Gobierno a la comisión de investigación.

Quiénes si han acudido a la Asamblea de Extremadura han sido dos técnicos, dos funcionarios, de la Junta de Extremadura, citados a petición del PP. José María Carrasco López, actual jefe de unidad territorial de Infraestructuras Rurales de la Consejería de Agricultura y anterior jefe de servicio, ha contado cómo se elaboró un anteproyecto del regadío presupuestado en 130 millones y cómo se declaró de interés general por parte de la Junta (anteriormente lo fue por parte del Ministerio).

Carrasco ha indicado que estuvo al frente del proceso de expropiación, levantamiento de actas de ocupación de terrenos y pagos de los depósitos previos en 2022. El funcionario de la Junta, actual presidente del colegio de ingenieros agrónomos de Extremadura, ha dicho que si el proyecto de regadío de Tierra de Barros no se ha llegado a licitar «supongo es por un tema de financiación, porque no había asegurada». Y no solo por parte de la Junta sino también por parte de los regantes, que debían poner el 50% del coste del proyecto.

En todo caso, José María Carrasco ha expresado su impresión de que este proyecto tiene reticencias desde su origen por parte de la Comisión Europea. «Europa es muy reticente al nuevo regadío. Y más si tiene dudas por la sobreexplotación del acuífero o el control de nitratos en esa zona», ha esgrimido. Esas dudas han sido planteadas por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea en diversos escritos a la Junta de Extremadura.

Por su parte, Julián Gutiérrez Sánchez, jefe de servicio de Regadíos de la Consejería de Gestión Forestal, participante, como Carrasco, en la gestación y desarrollo del proyecto durante unos años, ha subrayado igualmente en que los informes técnicos avalan la viabilidad de un proyecto como el planteado y ahora paralizado en cuanto a disponibilidad de agua y costes de explotación, compartidos por la Administración y los regantes. De forma concreta dice que se cumple con la directiva marco del Agua y desde hace unos meses cuenta con el obligado plan de nitratos.

Ha entendido que el coste del proyecto, que el diputado del PP Bibiano Serrano ha cifrado ahora en unos 350 millones (la última cifra oficial era de 272, se haya incrementado desde lo cifrado en su anteproyecto, en 2012, por el alza general de los precios.

Gutiérrez ha coincidido con Carrasco en que la Unión Europea, de forma general, sobre todo la Dirección General de Medio Ambiente, no es partidaria de nuevos regadíos, y aunque no ha puesto reparos en algunos como los de Monterrubio de la Serena y Villanueva del Fresno, pagados con fondos del PDR (Plan de Desarrollo Rural) vigente, «quizás con el de Tierra de Barros es diferente porque es mayor en cuanto a hectáreas y desde luego presupuesto».

Los dos técnicos, a preguntas de los portavoces parlamentarios de los diversos grupos, no han sido más rotundos sobre si era posible licitar las obras del proyecto sin tener el visto bueno de Bruselas, como se le ha cuestionado en varias ocasiones.

Para Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, «no se puede alargar más la agonía« de este proyecto »porque no tiene financiación europea, el Estado tampoco va a apoyarlo y con la participación económica exigua que plantea el PP es irrealizable«. Ha insistido que los agricultores de la comarca de Tierra de Barros «han sido engañados» por los sucesivos gobiernos que han fomentado este proyecto, aún sabiendo «que, de ponerse en marcha, iba a hipotecarles de por vida» y que, en definitiva, «es una infraestructura irrealizable».

De Miguel ha mostrado sus dudas de que esta comisión de investigación sirva para aportar luz sobre la tramitación de este regadío y su bloqueo. «Propiciará una lucha entre PP y PSOE para ver quién tiene la responsabilidad de haber engañado a los agricultores durante tantos años. Mucho me temo que los grupos ya tienen escritas las conclusiones», ha finalizado la líder de Podemos en Extremadura.

Para el PSOE, a través de su portavoz Piedad Álvarez, la comisión «es una cortina de humo del Partido Popular para no llevar a cabo el regadío de Tierra de Barros». Ha defendido que, con el gobierno de Guillermo Fernández Vara, el regadío de Tierra de Barros estaba técnicamente viable, »con todos los permisos, la financiación asegurada y, por supuesto, la voluntad política. Todo estaba preparado. Si el Partido Socialista estuviera gobernando, les puedo asegurar que las máquinas estarían en Tierra de Barros, como están en Monterrubio de la Serena», ha apostillado.

Ha insistido en que el regadío de Tierra de Barros no era un proyecto localista. «Este era un proyecto autonómico, que formaba parte de ese proyecto de región que tenía Fernández Vara, que estaba dando pautas para tener un futuro en cada comarca. No era un proyecto localista, era un proyecto de desarrollo para toda Extremadura, para que la gente no tuviera que abandonar nuestra tierra», ha sostenido.

La portavoz socialista ha lamentado la paralización del proyecto, que era clave para la modernización de la agricultura de la comarca y para la creación de empleo. «Hoy estoy más triste que nunca, porque este proyecto estaba llamado a modernizar la agricultura de mi comarca, a garantizar el relevo generacional, a mejorar la calidad y la producción de los productos de mi comarca y a generar 2.000 empleos en la zona».

Por su parte, el PP, a través de su diputado Bibiano Serrano, ha manifestado que «vamos a conseguir que se conozca la verdad. Muchos años en los que el PSOE ha estado engañando. Ya conocían el engaño en julio de 2021» cuando la Unión Europea no autorizaba los fondos, ha expresado, para invertirlos en el Regadío de Tierra de Barros.

«El PSOE mantuvo el engaño hasta las elecciones de 2023, año en el que el Gobierno de María Guardiola destapó la estafa del PSOE, quienes engañaron a la sociedad extremeña y especialmente a los 1.200 regantes con quienes, incluso, mantuvieron reuniones a sabiendas de que no había proyecto», ha concluido.

El PP, de otro lado, también ha afeado que el diputado socialista Valerio Rodríguez, antiguo jefe de sección de Agricultura y participante en el proyecto de regadío, forma parte de la comisión de investigación por parte del PSOE. Y en concreto no ve «como normal» que haya preguntado hoy a antiguos funcionarios de la Junta que «estaban bajo su mando para la tramitación del proyecto de regadío. Es increíble. ¿Cómo iban a contestar (los funcionarios) sin sentirse coaccionados», ha traslado el PP.