La cobertura legal de las exigencias de las empresas condiciona el acuerdo con la Junta

La principal razón que condiciona ahora el acuerdo con la Junta es la cobertura legal de las exigencias de las empresas que no están realizando las más de 200 rutas.

Ambas partes llevan manteniendo contactos desde el pasado viernes y fue el domingo por la tarde cuando telefónicamente acercaron más posturas que invitaban a pensar en un acuerdo. Tanto es así que el lunes, a media mañana, solo faltaba la rúbrica de la Junta y las empresas, algo que no ha sido posible, pues «hay matices en el documento» que impiden garantizar que este martes 5.000 alumnos cuenten con autobús, según han asegurado fuentes cercanas a la negociación.

Hay acuerdo en la duración de los servicios o los precios por ruta, aspectos vitales para garantizar que miles de alumnos cuenten con autobús todas las mañanas para ir a los institutos y colegios. Sin embargo, al plasmarlo en el documento recibido por las empresas hay aspectos que impiden la firma. Entre ellas una expresión que dice literalmente «siempre y cuando lo permita la ley».

En ese acuerdo incluso se alude a la retirada de la denuncia interpuesta por la Junta a las empresas por supuestas coacciones, así como a las autorizaciones de los vehículos que están designados para cada línea, lo que implica que tengan 16 años o menos de antigüedad, o los posibles cambios de itinerarios.

En concreto, los empresarios han pedido a la Consejería de Educación que desista de ejercitar la acusación particular en dicha denuncia, así como no presentar recursos contra el auto que deniega las medidas cautelares solicitadas para que se prestara el servicio. También solicitan la adjudicación directa de las rutas desiertas a las mismas empresas que venían prestando las líneas en el curso pasado, elevando el precio.

De este modo y pese a que la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, había anunciado una comparecencia ante los medios a las 13.30 horas para anunciar un acuerdo que garantizaba el servicio, finalmente no ha podido ser.

Y así lo ha explicado Vaquera. «Justo cuando íbamos a comunicarlo se ha solicitado una nueva exigencia que también hemos aceptado», ha asegurado la titular de Educación. «La hemos aceptado con la condición de que se respete la ley», ha añadido.

Vaquera ha insistido en que «todo lo que legalmente se permite nos hemos comprometido a aceptarlo». Ha indicado que «lo que no puede hacer ningún Gobierno es firmar compromisos contrarios a la ley». Esta «obviedad», ha insistido, «que es que todos los compromisos se ajusten a la ley, es la razón por la que las empresas no suscriben el acuerdo».

Pero Vaquera ha ido más allá y ha subido el tono: «Están pidiendo que un Gobierno asuma compromisos aun estando fuera de la ley. Esto muestra la nula voluntad de querer solucionar definitivamente el problema».

Seguidamente, ha justificado el trabajo realizado por la Junta en los últimos meses. «Ha tratado por todos los medios que los cinco empresarios que están bloqueando este servicio público esencial pongan fin a esta lamentable situación», ha resaltado. Son las empresas las que tienen, ha dicho, los medios y el personal para prestar el servicio de transporte escolar. «A día de hoy es una parte minoritaria del sector la que está obstaculizando el derecho a la educación de cerca de 5.000 alumnos extremeños», ha matizado.

Ha insistido en que «la Consejería sigue con la mano tendida y abierta para poder continuar negociando». Eso sí, ha matizado que «siempre al amparo y bajo el marco legal».

De este modo, este martes no habrá, y ya van cuatro jornadas, transporte escolar para miles de alumnos de los pueblos extremeños. Las empresas de más de 200 líneas de autobús no harán los trayectos.

Estas tensas negociaciones llegan tras un semana marcada por conversaciones telefónicas, convocatorias de última hora, adjudicaciones 'in extremis' y reuniones para intentar poner solución a un conflicto que se ha ido enquistando hasta afectar a toda la comunidad educativa, pues Educación planteó enseñanza telemática para los estudiantes y ayudas económicas, medidas que tampoco han sentado bien entre el alumnado y las familias.

Hay que recordar que el miércoles, un día antes de que empezara el curso, la Junta emitió una resolución para obligar a las empresas que no acudieron a los concursos públicos a realizar el servicio. Eso afectaba a 223 líneas (hay 579 en total que usan 16.000 alumnos) después de que el Ejecutivo regional adjudicara 19 en la convocatoria de urgencia que lanzó el martes.

Además, la Junta solicitó al juzgado que obligara a las empresas a realizar las más de 200 líneas como medida cautelar en la denuncia, por vía penal, que interpuso contra ellas por lo que considera «una situación intolerable de amenazas, coacciones y alteración de precios en el proceso de adjudicación». Sin embargo, el Juzgado de Instrucción Número 5 de Mérida rechazó dicha medida.

Ante la negativa de la justicia argumentando que la propia Administración tiene herramientas para obligar a las empresas a prestar ese servicio, Vaquera ha asegurado que «ese instrumento al que se refiere el auto es la resolución que hasta ahora están incumpliendo las empresas». Así que asevera que han utilizado «todas las vías posibles, administrativas y judiciales para garantizar la prestación de este servicio esencial».

Vaquera ha terminado su intervención lanzando un mensaje a las familias. «Le puedo decir de todo corazón que lamento esta situación, que empatizo con ellos, que soy madre, que tengo hijos y que también tengo que trabajar, y entiendo la situación y el problema que tienen cada uno de ellos en sus casas. Esta situación no lo está provocando la Administración Pública, porque si nosotros tuviésemos los medios, esos niños estaban ya en sus colegios y en sus centros», ha afirmado.

Ante eso ha hecho un llamamiento a los empresas. «Que empaticen con el malestar de las familias, que sigan prestando un servicio que es fundamental para el medio rural. Y que entiendan que no es un pulso con la Administración, porque afecta a derechos fundamentales como es la educación».