Los técnicos docentes de las escuelas taller cobrarán 100 euros brutos más al mes

Escala, las antiguas escuelas profesionales o talleres de empleo, es una iniciativa que combina teoría y práctica, alternando aprendizaje y cualificación con un trabajo productivo en actividades de utilidad pública o social para que el alumno adquiera los conocimientos precisos en la especialidad elegida. Se compone, por tanto, de una primera etapa de carácter formativo de iniciación y otra etapa de formación en alternancia con el trabajo. La duración de la primera etapa es de tres meses mientras que la segunda se prolonga nueve meses.

Los técnicos docentes son quienes imparten los programas mixtos de formación y empleo tanto a través de las escuelas profesionales como en los programas colaborativos rurales, el Crisol o en los centros de formación asociados al Sexpe. Su objetivo en todos los casos es capacitar al alumno para que pueda acceder al mercado laboral.

La Junta ha elaborado un nuevo decreto para regular el programa Escala, que ha publicado en el portal de transparencia y que conlleva algunos cambios con respecto a la normativa en vigor. Además de incrementar la cuantía destinada a salarios y costes salariales, lo que supone un mayor sueldo para el personal docente y de apoyo del programa, ha elevado también la ayuda de movilidad que venía dando a los alumnos.

En el caso de los programas mancomunados o supralocales, los alumnos tienen que desplazarse al centro formativo desde sus localidades. Para paliar estos gastos de desplazamiento, contaban con una ayuda de 19 céntimos por kilómetro, que ahora se eleva a 26 céntimos, según se recoge en el borrador de decreto.

Además, todos los alumnos contarán con una beca de asistencia en la etapa formativa inicial a razón de 13,50 euros por día lectivo. Durante la segunda etapa, de formación en alternancia con el trabajo, los alumnos cobrarán el 75% del salario mínimo interprofesional.

Como novedad destacada también en el nuevo decreto, las entidades promotoras -ayuntamientos, mancomunidades y oenegés- podrán seleccionar a los técnicos de docentes. Hasta ahora no era posible, porque esa labor correspondía al Sexpe a través del fichero de técnicos docentes con el que cuenta la comunidad.

Este cambio incluye también que los ayuntamientos podrán determinar qué tipo de contratos realizan a los profesores, teniendo en cuenta que la reforma laboral impide que se sigan realizando contratos de trabajo temporal vinculados a programas de activación para el empleo, que ha sido la modalidad elegida hasta la fecha.

«Desde el 1 de enero de 2025 los contratos realizados al personal técnico necesario para la ejecución de los programas se tendrán que adaptar a la regulación laboral y modelos de contratos que estén vigentes (en la actualidad: contratación indefinida, indefinido fijo discontinuo o de duración determinada por circunstancias de la producción), o, en el caso de entidades públicas, utilizar también la figura del nombramiento como funcionario interino por programas», recoge el borrador del decreto, que determina igualmente que las entidades promotoras de los programas podrán elegir el tipo de contrato.

La Asociación de Expertos para la Formación para el Empleo de Extremadura (AEFE), que representa a los 3.000 técnicos docentes que trabajan en Extremadura en los diferentes programas vinculados a las políticas activas de empleo, ha recogido las aportaciones de sus asociados al nuevo decreto.

También un informe jurídico que ha solicitado en relación con los cambios que se recogen en el borrador publicado porque la Junta de Extremadura ha dado un plazo de siete días, tras subir el documento al portal de transparencia, para que se presenten las alegaciones y aportaciones que se consideren oportunas.

AEFE Extremadura lo ha hecho y, entre otras cuestiones, propone establecer medidas de control y seguimiento para con las entidades promotoras por parte del SEXPE, en la gestión y funcionamiento de los proyectos, «estableciendo cuantas medidas sancionadoras correspondan para con las entidades en tanto en cuanto se incumplan los principios básicos y los fines por los que se les conceden fondos públicos, para desarrollar planes formativos laborales en pro de la capacitación para el empleo de los participantes en los programas mixtos de formación y empleo y no para la contratación o compensación de las necesidades de la entidad promotora según su criterio, poniendo en uso para ello la asignación presupuestaria destinada para el desarrollo y ejecución del programa».