La Junta no asegura pagar este año la subida salarial de 2020 a los funcionarios

La consejera de Hacienda de la Junta, Elena Manzano, cifra en unos 25 millones de euros el importe del pago correspondiente a los once meses de 2020 en los que no se aplicó esa subida, una medida que afectó a todo el sector público autonómico (Administración general, sanidad, educación y universidad). Este lunes se ha reunido con los representantes sindicales en la mesa general de negociación para sentar las bases de un acuerdo que permita pagar ese dinero.

El Gobierno regional decidió no aplicar en 2020 la subida prevista en el sueldo de los empleados autonómicos, fijada inicialmente en un 2%, y sólo practicó ese incremento en la nómina de diciembre y no en todos los conceptos salariales. El motivo esgrimido fue que debido a la pandemia existían otras prioridades, como el gasto en sanidad y educación. Junto a esto, recordó que ese aumento estaba ligado a que se cumpliese con el equilibrio presupuestario, lo que se vio alterado por la caída de ingresos por el covid. En aquel momento la Administración regional cifró el ahorro en 27 millones de euros.

Los sindicatos acudieron a los juzgados a reclamar la subida, pero el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dio la razón al Gobierno regional al estimar que el incremento del 2% no era obligatorio.

Tras las elecciones del pasado mes de mayo, el Ejecutivo autonómico de PP y Vox se ha mostrado a favor de negociar ese pago. La Ley de Presupuestos de la Junta para 2024, aprobada a comienzos de este mes, recoge el compromiso de que a lo largo del año se convocaría la mesa general de negociación de los empleados públicos para cuantificar las pérdidas retributivas sufridas por este colectivo como consecuencia de no aplicar la subida prevista en 2020, así como fijar los plazos entre la Administración y los sindicatos para su abono.

Con la reunión de este lunes de la mesa general se cumple con lo que indica la ley, menos de dos semanas después de que haya entrado en vigor, con lo que se ha dado el primer paso para realizar ese pago pendiente. Al término de la reunión Elena Manzano ha destacado la importancia que tiene para el Gobierno de María Guardiola el diálogo social y trabajar de la mano de los agentes sociales, en este caso para «corregir un agravio, atender una deuda del anterior Gobierno de Fernández Vara ante un incumplimiento». En su opinión, «el gran avance hoy era reconocer una deuda que ni siquiera estaba reconocida».

La consejera de Hacienda ha indicado que a partir de ahora se trabajará para fijar el calendario de pago. Según ha explicado, se trata de una cifra importante que ni siquiera está recogida en las cuentas de este año. Su intención es realizar el abono «lo antes posible», pero ha añadido que ante la falta de aprobación de los Presupuestos del Estado aún hay incertidumbres sobre el cobro de las transferencias del sistema de financiación autonómica.

La Junta recibirá 17 millones más de lo previsto inicialmente y ese dinero aún debe incorporarse a las cuentas autonómicas de 2024. Pero ha reconocido que emplear ese dinero dependerá de las prioridades, ya que hay que tener en cuenta el gasto social (como en sanidad y educación).

En cuanto a los agentes sociales, Benito Román, de CSIF, ha señalado al finalizar la reunión que tiene «una sensación agridulce y nos vamos con las manos vacías». Por un lado, ha recalcado que la Junta reconoce que hay una deuda pendiente de pago, lo que considera «un paso al frente» respecto al anterior Gobierno, que a su juicio discriminó a los empleados públicos autonómicos de la región, ya que fueron los únicos del país a los que no se aplicó la subida de 2020.

Pero al mismo tiempo esperaba más certezas sobre el pago de esos 25 millones, lo que no ha podido ser. «Nos han pospuesto a otra reunión para que veamos la forma de devolver esa cantidad», ha apuntado. Para Román, ese dinero se debería devolver «de una sola vez y en el año 2024», aunque reconoce que dependerá de la tesorería de la Junta.