Aprobada una partida de 2,3 millones para ayudas al alquiler a quienes han perdido su empleo

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles una convocatoria de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del coronavirus en los alquileres de vivienda habitual por un importe de 2,3 millones de euros.

A propuesta de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, estas ayudas tiene como objetivo atender las situaciones de vulnerabilidad en el pago del alquiler derivadas de la pandemia, y ayudar a personas con problemas transitorios causados por pérdida de empleo, reducción de jornada y, por tanto, con una disminución o desaparición de sus ingresos.

La medida, de la que ya se ha informado, consiste en otorgar ayudas directas durante 6 meses que servirán para sufragar el pago del alquiler con una cantidad máxima de 600 euros mensuales.

Podrán beneficiarse de las ayudas de este programa las personas físicas que, en su condición de arrendatarias de vivienda habitual, cumplan cuatro requisitos.

El primero es que, como consecuencia de la crisis del Covid-19, el inquilino de la vivienda haya pasado a estar en desempleo, sufrido un ERTE o, en el caso de que el arrendatario sea un empresario, que haya tenido una pérdida de ingresos del 40 % debido a la reducción de la jornada laboral por motivo de cuidados u otras circunstancias.

El segundo requisito es que la unidad familiar no debe ingresar más de 1.613 euros brutos al mes (3 veces el IPREM), o bien 2.151 euros (4 veces el IPREM) si la unidad familiar cuenta con un miembro con discapacidad igual o superior al 33%; o 2.689 euros (5 veces el IPREM) si en la unidad familiar hay una persona con discapacidad igual o superior al 65% o enfermedad grave.

Estas cantidades se incrementarán por 0,1 por cada hijo o persona mayor de 65 años a su cargo y se añadirá 0,15 por cada hijo en unidad familiar monoparental.

Como tercer requisito, la renta del alquiler (incluyendo los gastos y suministros básicos) debe ser igual o superior al 35 % de los ingresos totales de la unidad familiar. Por último, el beneficiario de la ayuda no debe ser titular de ninguna vivienda.

Por otra parte, el Consejo ha autorizado la suscripción de un convenio con las diputaciones provinciales para el sostenimiento en común de puestos de Secretaría e Intervención, y los de funciones de auxilio a los mismos, en agrupaciones de entidades locales, así como para la convocatoria anual de ayudas para el fomento de los mencionados puestos.

El importe de la ayuda concedida a cada entidad local será financiado al 50 por ciento entre la Junta de Extremadura y la diputación en cuya provincia radique la entidad local beneficiaria.

La aportación de la Administración de la Comunidad Autónoma a este convenio será de 150.000 euros, mientras que la Diputación Provincial de Badajoz aportará 55.000 euros y la Diputación Provincial de Cáceres 120.000 euros.

La concesión de estas ayudas se realizará atendiendo a criterios objetivos, tales como cargas, recursos y capacidad económica de las entidades locales interesadas.