El Gobierno rechaza que empresas con deudas puedan optar a las ayudas autonómicas de recuperación

El Gobierno rechaza que las empresas de la región que tengan deudas con el Estado puedan recibir ayudas autonómicas para paliar los efectos de la covid-19. Asimismo, ha mostrado su oposición a las modificaciones aprobadas por la Junta de Extremadura en materia administrativa y de contratación para tramitar los fondos europeos de recuperación.

El Ejecutivo autonómico aprobó en marzo un decreto-ley de medidas de modernización de la administración y para gestionar los fondos europeos de recuperación. Entre otras cuestiones, modificó varios criterios de tramitación de contratos públicos, como la reducción de plazos y la gestión por el procedimiento negociado sin publicidad en casos urgentes.

Asimismo, introdujo una disposición que permitía a las empresas de la región con deudas con el Estado, la Seguridad Social o la hacienda autonómica optar a los 70 millones de euros destinados por la Junta a ayudas a la recuperación económica tras la pandemia. Esta modificación, que se llevó a cabo a propuesta de la Corporación Regional Empresarial Extremeña (Creex), permitió abrir un nuevo plazo de solicitud de estas subvenciones.

Ahora esos cambios quedan en el aire. El Gobierno ha mostrado su oposición y por ese motivo ha iniciado negociaciones con la Junta de Extremadura para resolver las discrepancias. Se trata del procedimiento habitual en los casos de conflicto de competencias o posible vulneración de la legislación estatal. En caso de que no haya un acuerdo, el Tribunal Constitucional deberá resolver el litigio.

El consejero de Economía de la Junta de Extremadura, Rafael España, ha señalado que no es infrecuente que se produzcan este tipo de desencuentros y que para eso están las comisiones bilaterales, en las que se trata de resolver estas diferencias. «Discutiremos y debatiremos con el Gobierno», ha explicado. Asimismo, ha apuntado que espera que se pueda mantener el criterio autonómico, que considera acertado, y que, en cualquier caso, el Ejecutivo regional defenderá los intereses de los extremeños.