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El Gobierno cuestiona la nueva ley regional de acceso a la vivienda

El Gobierno cuestiona la nueva ley regional de acceso a la vivienda

Ha creado un grupo de trabajo con la Junta para resolver las discrepancias sobre doce artículos

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Miércoles, 31 de julio 2019, 12:49

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El Gobierno y la Junta de Extremadura han creado un grupo de trabajo para tratar de resolver las discrepancias sobre la nueva ley regional de promoción y acceso a la vivienda, en vigor desde el pasado mes de mayo.

La Administración del Estado muestra sus dudas sobre doce artículos de la nueva norma, que fue aprobada en marzo en el último pleno de la legislatura gracias a la abstención de Podemos y después de que el Gobierno regional accediera a incluir el compromiso de crear un impuesto para grandes tenedores de viviendas.

El Gobierno no plantea sus dudas sobre ese aspecto, sino sobre otras cuestiones recogidas en la nueva ley autonómica. En concreto, la Junta deberá explicar los artículos en los que recoge el deber de colaboración de las Administraciones Públicas, notarios y registradores en materia de vivienda. También la regulación sobre el derecho de retracto, que da a la Administración autonómica preferencia para comprar una vivienda protegida en caso de venta.

Asimismo, las conversaciones afectarán a los artículos que establecen la información que debe acompañar a los anuncios de venta o arrendamiento de vivienda, a los pagos anticipados en caso de compra sobre plano y al contenido del contrato de alquiler.

Otro grupo de artículos en cuestión afecta a los agentes inmobiliarios y la regulación en aspectos como formación mínima y seguros, el registro en el que deben inscribirse para realizar esa actividad y las obligaciones que tienen.

El Gobierno también pone en duda las infracciones que plantea la Junta por no inscribirse en el registro de agentes inmobiliarios, por incumplir los requisitos exigidos para estos profesionales, por no colaborar en la información sobre viviendas deshabitadas y por no comunicar la transmisión de viviendas protegidas.

Por último, muestra sus discrepancias sobre el artículo dedicado a la declaración de vivienda desocupada, aunque esencialmente es el mismo que ya estaba contenido en la Ley de emergencia social de la vivienda de Extremadura y que contó con el visto bueno del Tribunal Constitucional.

Decreto sobre eléctricas 

La creación de un grupo de trabajo entre las dos administraciones es habitual cuando se plantea un conflicto de competencias tras la aprobación de una nueva norma autonómica. Cuando no hay acuerdo el litigio llega al Constitucional, como ocurrió con la citada Ley de emergencia social de la vivienda y la Ley extremeña de medidas contra la exclusión social. Pero en otros casos se alcanza una solución sin necesidad de plantear un recurso de inconstitucionalidad.

Así ha ocurrido con numerosas normas en los últimos años y ahora ha vuelto a suceder sobre el decreto-ley que aprobó la Junta el pasado año para combatir los cortes de suministro eléctrico.

Esa norma modificó la ley extremeña de protección de la calidad del suministro eléctrico, del año 2002, para exigir medidas en puntos concretos con el fin de evitar cortes e interrupciones si se superaban unos valores mínimos de calidad con datos mensuales en lugar de anuales. En concreto, reclamaba a las compañías inversiones en sus instalaciones.

El Gobierno mostró sus discrepancias sobre ciertos artículos del decreto-ley. Tras un proceso de negociación, ha llegado a un consenso con la Junta sobre la interpretación de la nueva norma autonómica.

Tal como recoge el acuerdo publicado hoy en el BOE y el DOE, se indica que el decreto autonómico respeta la normativa básica estatal en materia de calidad del suministro eléctrico y que no afecta a las condiciones retributivas establecidas por el Estado, ya que la medida se circunscribe al marco del volumen anual de inversión de la red de distribución con derecho a retribución y con arreglo a la finalidad y el procedimiento de aprobación de los planes de inversión regulados por el sistema estatal.

Asimismo, se ha pactado que en caso de incumplimiento de los valores de calidad establecidos en la ley regional la exigencia de incluir en los planes de inversión medidas de actuación concretas y delimitadas en el tiempo se hará respetando los valores máximos de inversión anual con derecho a retribución con cargo al sistema que correspondan a las empresas distribuidoras. De modo que, dentro de esos límites, las empresas distribuidoras deberán priorizar sus actuaciones en aquellas zonas rurales donde no quede garantizada la adecuada prestación del servicio.

Por último, se concreta que el trámite para dar cumplimiento a la exigencia de incluir dichas medidas de actuación se incardina dentro del procedimiento y términos regulados en la Ley del Sector Eléctrico.

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