El fiscal superior de Extremadura: «El aforamiento es un obstáculo para la investigación en numerosas ocasiones»

El fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, ha afirmado que «en numerosas ocasiones el aforamiento es un verdadero obstáculo para la investigación». Asegura que la imposibilidad de que una persona aforada pueda ser investigada o que preste declaración ante el juez natural predeterminado por la Ley que es el de instrucción, «supone que durante un precioso tiempo, que puede ser prolongado, la investigación quede cercenada».

Ha detallado que «se pueden destruir u ocultar pruebas y, por otra parte, se va a tener por parte del aforado un conocimiento del proceso y de sus incidencias que posibilita una defensa más eficaz, lo que vulnera la igualdad de las partes en el proceso». En definitiva, ha insistido en que «puede suponer una instrucción deficiente y un privilegio injustificable».

Ha explicado que «con la regulación actual, los delitos de cualquier clase que sean cometidos por parlamentarios de la Asamblea de Extremadura o miembros del Consejo de Gobierno de la Junta son enjuiciados, bien por el TSJEx o bien por el Tribunal Supremo«. Y eso significa cualquier delito, con independencia de que tenga que ver o no con las funciones que desempeñan.

Es distinto, ha matizado, lo que ocurre en los aforamientos, por ejemplo, de jueces y fiscales, que se limita exclusivamente a los delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos.

Ante eso, propone que como mínimo, una eventual reforma el Estatuto de Autonomía «debería recoger esta circunstancia para que solamente se extendiera el aforamiento a los delitos cometidos en el ejercicio de las funciones propias del cargo».

Ha concluido señalando que «hoy los aforamientos están puestos en tela de juicio, y una buena parte de la sociedad los ve como un privilegio incompatible con el principio de igualdad constitucional».

Montero Juanes también ha asegurado que «se han convertido en demasiado habituales las críticas destructivas, las descalificaciones y los juicios de valor de forma y de fondo sobre los procesos judiciales».

«No es aceptable, ético ni estético, poner en tela de juicio la independencia del sistema de justicia de un Estado de Derecho sobre la base de consideraciones personales o políticamente interesadas», ha opinado.

Asimismo, ha añadido que «el Ministerio Fiscal se sitúa por su propia singularidad al margen del circuito político» y que no tiene otra ideología que no sea la defensa del ordenamiento jurídico.