Extremadura es la segunda región que más invierte por persona dependiente

Este mismo informe ha señalado que el tiempo medio de espera para acceder a una prestación de dependencia en Extremadura se ha situado en septiembre en los 257 días. Por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente es de seis meses (180 días).

En el informe también se reseña que en los primeros nueve meses de 2025 han fallecido 988 personas en la comunidad extremeña esperando una resolución de grado y de resolución del PIA.

En el conjunto del país, cada 15 minutos fallece una persona dependiente en lista de espera que, en los primeros nueve meses de este año, ha crecido en 13.695 personas. Hasta el 1 de octubre, 284.020 personas se encontraban a la espera de valoración o pendiente de prestaciones y servicios que tienen reconocidos.

Mientras, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, rebaja a 174.406 el número de personas que se encuentran en la lista de espera de la dependencia en España en septiembre, un 9,8 por ciento menos que en el mismo mes del año anterior.

Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales han indicado a Europa Press que la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ofrece «datos confusos» sobre las listas de espera porque «incluyen también a personas que se encuentran dentro del plazo legal para recibir una prestación (6 meses), mezclando así cifras que no se ajustan a la metodología oficial».

La Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha advertido de un «cambio de tendencia» por primera vez en diez años al pasar de un reducción paulatina de la lista de espera desde 2015 al incremento registrado en lo de va de año.

En 2025, son 25.060 las personas dependientes que han fallecido sin obtener ninguna ayuda, de los que 13.713 esperaban ser valorados y 11.347 a recibir una prestación a la que tenían derecho. «93 personas al día, una cada 15 minutos», han recordado Directores y Gerentes. Según sus datos, dos de cada tres fallecieron en Cataluña (6.851), Andalucía (5.292), C. Valenciana (2.290) y Canarias (1.904).

Respecto al tiempo de demora, la Asociación de Directores y Gerentes niega que se haya producido una reducción sino un incremento de unos 15 días de media hasta alcanzar los 349 días y ha reprochado al Ministerio de Derechos Sociales que intente «rebajar la cifra de desatención» al contabilizar «sólo» a aquellas personas «con las que la Administración no está cumpliendo la ley que establece en 180 días el plazo máximo para recibir la prestación o servicio que tengan reconocido».

Asimismo, han rechazado «el triunfalismo» de comunidades y Ministerio cuando se refieren al récord de personas atendidas. «Es lógico que, mientras haya decenas de miles de personas en las listas de espera, cada vez aumente más el número de beneficiarias». Asimismo, otro de los reproches es «el servicio low cost» debido a la «merma importante en la financiación del sistema que se ha visto reflejada, no tanto en extensión de beneficiarios, que ha seguido una tendencia creciente, sino en la limitación de prestaciones y servicios».

Análisis por comunidades

Por comunidades autónomas, las que tienen mayor limbo de la dependencia -personas pendientes de recibir la prestación- son Canarias (31,3%), País Vasco (15,7%), Murcia (13,8%), y Cataluña (13,6%); y las que menos Aragón (1,5%), Cantabria (1,5%), Galicia (2%) y Navarra (2,1%).

Ocho comunidades han aumentado, además, el número de solicitantes el limbo de la dependencia en 2025: Castilla La Mancha (+58%), Cantabria (+29,9%), y Madrid (+29,6%) lideran este aumento. Más de la mitad (53%) de las personas que se encuentran en el «limbo de la dependencia» residen en tres Comunidades: Cataluña (38.002), Andalucía (21.785) y Canarias (20.127).

Asimismo, las comunidades que más han aumentado las personas beneficiarias con prestación este año han sido Canarias (+18,5%) y Galicia (+15,7%). Por el contrario, hay una Comunidad que ha disminuido el número de personas atendidas: La Rioja (-0,1%).

Por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días), pero solo hay cuatro comunidades y Ceuta y Melilla (155) por debajo a ese margen en sus promedios: Castilla y León (113), País Vasco (130), Aragón (152) y Castilla La Mancha (169). Navarra (200) y Cantabria (211) se encuentran cerca del plazo máximo. En el otro extremo estarían Andalucía (559 días), Murcia (563 días) y Canarias (478 días).

Para los Directores y Gerentes en Servicios Sociales, «la interminable dilación de muchos procedimientos tiene como consecuencia que muchas personas salgan de la lista de espera por fallecimiento sin haber recibido prestaciones».

Respecto a la inversión en dependencia, las comunidades que más invierten son País Vasco (2.835 euros por persona dependiente) y Extremadura (2.779 euros), y las que menos Galicia (1.317 euros) y Canarias (1.339 euros).

En cuanto a la reclamación de las comunidades al Estado para que asuma hasta el 50 por ciento del coste de la dependencia, la asociaciones de directores y gerentes ha acogido favorablemente la petición, aunque ha rechazado, sin embargo que existan «agravios» entre comunidades «como vienen denunciando». «Algunas reciben mayor porcentaje de financiación estatal que la media y más que Cataluña o País Vasco», ha añadido la entidad.

Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales han asegurado que en estos dos últimos años ha aumentado la inversión en dependencia. En concreto, precisan que, en 2024, a la inversión en el sistema por el nivel acordado y por el nivel mínimo (que subió por la entrada de nuevos beneficiarios y pasó de 2.442 millones en 2023 a 2.628 millones en 2024) hay que sumar las cotizaciones de las cuidadoras no profesionales, que cubren a casi 100.000 personas y suponen 230 millones de euros en cuotas de la seguridad social cubiertas por el Estado central.

También destacan las líneas de inversión vinculadas al Plan de Recuperación, que en 2024 supusieron una mejora de la teleasistencia con una transferencia a las CCAA de 166.367.795,80 euros y la adecuación y creación de plazas de atención residencial con una transferencia a las CCAA de 642.965.259,99 euros.

En total, señalan que, sumando los niveles mínimo y acordado (3.478 millones), las cotizaciones (230 millones) y el Plan de Recuperación (809 millones), en 2024 el Estado habría transferido a las CCAA para dependencia «un total de 4.516 millones de euros».

Además, precisan que no se va a rebajar la inversión en el SAAD para 2025 y que, además de la financiación adicional que mandata la Ley ELA y que está «en camino», la inversión en el nivel mínimo de dependencia aumentará en 200 millones de euros respecto a 2024, según los cálculos de IMSERSO.