El encarecimiento de los materiales deja sin adjudicar diez obras públicas en Extremadura

Las cuantías más importantes corresponden al búnker de hormigón para radioterapia del hospital Virgen del Puerto de Plasencia y a dos lotes para la mejora de la seguridad vial en carreteras comarcales de la provincia de Badajoz.

La actuación del centro hospitalario placentino salió a licitación por algo más de 830.000 euros, sin IVA, y solo se presentó una empresa: Cieca SL, que no ha entregado la documentación para hacerse cargo de la obra. El proyecto saldrá de nuevo a licitación con un incremento del 30% en el presupuesto para que la actuación pueda ejecutarse.

En la misma situación están dos de los tres lotes del proyecto que la Diputación de Badajoz sacó a concurso para el refuerzo en varias carreteras. El primero tenía un presupuesto de 614.600 euros y el tercero, de 615.700 euros. Ambos quedaron desiertos. Solo se adjudicó el segundo lote.

A nadie en el sector de la construcción le resulta extraño. Entre junio y septiembre de este año el hormigón se ha encarecido un 31% y el asfalto, un 43%, según un estudio realizado por la Confederación Extremeña de la Construcción (CEC) en más de 300 obras en curso.

Y es que el aumento del precio de los materiales de construcción es la causa que está detrás de que haya obras que queden sin adjudicar. «Es el motivo principal», reconoce Joaquín Sánchez, secretario general de la CEC, que añade que entre enero y junio de este año «el índice de costes de consumo de materiales ponderado del sector de la construcción –que publica el Ministerio de Movilidad– ha sufrido un incremento de casi doce puntos; el mismo que entre 2007 y 2020».

Durante el último año, según se constata en el portal web del Ministerio de Hacienda, la media mensual de proyectos que no se adjudican en la región no llega a cuatro. Desde el pasado 19 de octubre son más de diez los que han quedado total o parcialmente desiertos. Es, por tanto, un problema que se agrava. «Y va a ir a más en los próximos meses», lamenta Sánchez.

Desde el sector de la construcción se teme incluso que ponga en riesgo el aprovechamiento de los fondos europeos destinados a la recuperación económica tras la pandemia que van a llegar a nuestro país.

El incremento de precios ha afectado a la totalidad de los materiales de construcción. El sector ya había sufrido fluctuaciones en los precios de alguna materia prima concreta, como el caso del petróleo, «pero nunca una alteración que afectara simultáneamente a todas», añade Sánchez.

Esta subida de los precios de los materiales hace que haya proyectos, sobre todo los más pequeños, que no sean atractivos para las empresas, ya que cualquier ligero aumento en los costes de construcción reduce o elimina los márgenes de beneficio de las licitadoras.

De hecho, la mayoría de los concursos de obras públicas que han quedado desiertos en la región en las últimas semanas tienen presupuestos de menos de 150.000 euros. Son proyectos que salen por unas cuantías que ya están muy ajustadas, aseguran los constructores. Además, lo que más pesa en el concurso es la oferta económica, por lo que las empresas ofertan a la baja. «En estas pequeñas obras no hay margen, por eso las empresas no concurren», explica Sánchez.

Es lo que ha sucedido recientemente con la construcción de una pista polideportiva en Trujillo, presupuestada en 103.305 euros; en la rehabilitación del Palacio del Vino y la Aceituna en Almendralejo (77.158 euros) o en la mejora de unos caminos rurales (91.082 euros).

Por una cuantía mucho mayor salió a concurso la construcción de cuatro viviendas sociales en Ribera del Fresno. El presupuesto que publicó Urvipexsa fue de 470.112 euros y no se presentó ningún licitador.

Por otro lado, la subida en el precio de los materiales se ha producido en un corto periodo de tiempo. Lo que ha provocado que las ofertas en las licitaciones que realizaron las empresas quedaran desactualizadas cuando comenzaron los trabajos e hicieran inasumibles los proyectos.

Por ello, desde el sector llevan meses demandando que se produzca una revisión de los precios de las licitaciones, ya que consideran que se trata de una situación imprevista que no se pueden imputar a los contratistas.