Los empresas del transporte escolar acusan a la Junta de «incumplir acuerdos» y de impagos

Después de que la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, asegurara que «las empresas están pidiendo que un Gobierno asuma compromisos aun estando fuera de la ley», los empresarios del sector que no se han presentado a las últimas licitaciones han hablado a través de un comunicado. Aseguran que lo hacen para «aclarar la situación actual y desmentir, rotundamente, la información facilitada por la señora Vaquera».

Tras meses de diálogo, detallan, «el 12 de marzo de 2025 la consejera Mercedes Vaquera entregó a estas empresas un documento firmado en el que se comprometía a una serie de cuestiones, entre ellas, la modificación del Acuerdo Marco vigente y la inclusión de nuevos precios para las diferentes categorías de rutas».

Ante eso, la empresas indican que, «en un acto de buena fe, confiando en la palabra de la Consejera, y bajo un claro compromiso con los miles de usuarios del transporte escolar y sus familias, aceptaron la formalización de contratos menores con el único objetivo de poder finalizar el curso escolar 2024-2025, a pesar de que las tarifas ya no cubrían los costes en ese momento».

En ese documento, siempre según las empresas, se registraba que para este mes de septiembre, con la llegada del nuevo curso escolar, «las nuevas condiciones acordadas y prometidas se pondrían en marcha». Sin embargo, según indican, «la sorpresa y el engaño llegaron cuando la Consejería les comunicó que continuarían adelante con la tramitación del Acuerdo Marco sin realizar en él modificación alguna, incumpliendo con ello lo prometido, acordado e incluso firmando tan solo unos meses atrás».

Además, van más allá y aseveran que «la Consejería de Educación, ha estado sin pagar durante meses por los servicios de transporte escolar debidamente realizados, poniendo con ello en riesgo su viabilidad y la subsistencia de las familias de sus trabajadores».

Niegan haber pedido a Educación «firmar compromisos contrarios a la ley y ejercer coacciones». El sector subraya que nunca ha solicitado «nada ilegal» y califica esas acusaciones de «graves, falsas y temerarias, recordando además que todas sus reivindicaciones ya están implantadas de manera legal en otras comunidades autónomas».

Añade que durante las negociaciones mantenidas este fin de semana, «las empresas y la Administración habían alcanzado de manera verbal una serie de acuerdos que se ajustaban plenamente a la legalidad y ofrecían una base de entendimiento para avanzar en la resolución del conflicto». Sin embargo, «la sorpresa llegó cuando las compañías recibieron el documento oficial para su firma y comprobaron que esos puntos pactados no figuraban en el texto, lo que generó desconfianza e incredulidad entre los representantes empresariales».

Todas estas situaciones «han minado la confianza del sector», que considera que «la Administración carece de seriedad y compromiso real para con sus interlocutores», y recuerdan que «en al menos cinco ocasiones la Consejera ha incumplido lo acordado».

A pesar de «la denuncia pública y las graves acusaciones vertidas por la Consejera hacia las empresas», el sector reitera que «siempre está en posición de negociar y dejar atrás este conflicto». Para ello, recalcan que «es fundamental que no existan presiones y denuncias penales de por medio y que la consejera de Educación cumpla con todos y cada uno de los acuerdos a los que se ha comprometido con el sector, incluido el del pasado 12 de marzo de 2025».

Ante el documento del 12 de marzo, la portavoz del Ejecutivo regional, Elena Manzano, ha asegurado en la comparecencia tras el Consejo de Gobierno celebrado este martes que "lo que se firmó es que se comprometía a instar la revisión de determinadas condiciones y siempre dentro del marco legal vigente". A eso ha añadido que "si lo que pretendían es una modificación del acuerdo marco suscrito por unanimidad por las empresas, los informes de los servicios jurídico lo primero que dicen es que no se puede realizar".

Seguidamente ha saldo en defensa del trabajo realizado por la Consejería de Educación. "Incumplimientos ningunos. Se compromete a revisar ese acuerdo, pero por supuesto dentro del marco jurídico vigente, pero lo que plantean no es el marco jurídico”, ha concluido Manzano.