Ecologistas: «Las conclusiones son demoledoras y usamos esa palabra en los dos sentidos»

María Ángeles López, Ángel García y Paca Blanco. /J. M. Romero
María Ángeles López, Ángel García y Paca Blanco. / J. M. Romero

A. R. H.

Las organizaciones ecologistas están analizando el informe elaborado por la Estación Biológica de Doñana sobre el impacto medioambiental del complejo urbanístico Marina Isla Valdecañas. Aunque tanto Adenex como Ecologistas en Acción matizaba ayer que todavía estaban trabajando sobre la documentación recibida, ambas opinan que «las conclusiones dejan claro que entre mantenerlo y derribarlo se inclinan por su demolición».

Para Ángel García, coordinador de Ecologistas en Acción de Extremadura, el informe no es ambiguo. «Nos da los argumentos para seguir pidiendo el derribo de Valdecañas. Las conclusiones son demoledoras y empleamos esa palabra en los dos sentidos», afirma.

Aclara que no van a cambiar ni un ápice de su postura inicial. Esto significa que seguirán pidiendo la ejecución de la sentencia. «La única solución es derribar. No porque lo digamos nosotros, sino porque ya lo decía la sentencia del Tribunal Supremo», destacan desde Ecologistas en Acción.

«Vamos a mantener la postura que defendimos en su momento, pero ahora lo vamos a hacer con mucha más razón y argumentos. El informe nos da la razón», añade García, quien cree que «la Junta de Extremadura seguirá en la misma línea y le sacará punta al informe en lo que crean».

La abogada de Adenex, María Ángeles López, reconoce que lo que sí está claro también es que devolver la zona a su estado anterior a la edificación «no merece la pena porque el impacto sí sería grande», por lo que la apuesta es «devolverlo a un estado natural no habitable».

López también ha explicado que a partir de ahora se abre un período de tres meses para hacer propuestas sobre cómo debería ejecutarse ese derribo «y el tipo de demolición que sería más adecuado». Lo decidirán con expertos en la materia.

Hay que recordar que las dos organizaciones ecologistas iniciaron esta batalla judicial contra el complejo de Valdecañas en el año 2007. En 2011 el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura lo consideró ilegal y en 2014 el Tribunal Supremo ordenó el derribo de la macrourbanización porque sus terrenos están incluidos en la Red Natura 2000 y no se pueden hacer desarrollos urbanos en zonas con este nivel de protección ambiental.

 

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