Los delitos por allanamiento bajaron en 2024 en Extremadura pero son el doble que hace diez años
La región no aporta ni el 1% de los más de 16.000 casos que se dieron el pasado año en el país
Los datos de ocupaciones ilegales de viviendas en Extremadura encadenan dos años consecutivos de bajadas, aunque tras años de subidas. En cualquier caso, las cifras ... de la región están legos de las registradas en otras comunidades autónomas.
El Ministerio del Interior publica datos sobre usurpaciones y allanamientos de viviendas. En realidad, no se trata de las conocidas como okupaciones, ya que no todos estos casos tienen un carácter permanente. Pero es la estadística que más se acerca a un problema que ha ido al alza en los últimos años.
Según estos datos, Extremadura cerró el pasado año con 145 casos, ocho menos que en 2023 y diez menos que en 2022, cuando se alcanzó el tope histórico con 155. En 2021, con 148, se dio un gran salto, ya que en 2020 se había llegado a 110. Y hace diez años, en 2014, apenas hubo 73. Más atrás, en 2010, hubo 22.
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Estos datos evidencian el crecimiento que se ha experimentado en los últimos años hasta situarse en alrededor de 150 casos de usurpaciones o allanamientos por ejercicio. Aún así, las cifras de la región siguen lejos de las que presentan otras comunidades, donde estos delitos son un problema mucho mayor.
En todo el país se registraron el pasado año 16.426 casos de este tipo, de modo que Extremadura no representa ni el 1% del total. Cataluña, con 7.009, acapara cerca del 43%. Le siguen Andalucía, con 2.207; Comunidad Valenciana, con 1.767; y Madrid, con 1.451.
Con menos casos que Extremadura sólo figuran Cantabria (102), Asturias (100), Navarra (96) y La Rioja (65).
En cuanto a las detenciones por estos hechos, la región llegó el pasado año a 24, quince menos que el ejercicio anterior y veinte menos que en 2022, cuando se llegó a la cifra más alta de la serie. En comparación con las 11.133 registradas en todo el país supone poco más del 0,2%.
El Gobierno regional ha suscrito este martes un convenio con los colegios de abogados de Badajoz y Cáceres, dotado con 50.000 euros, para que presten asistencia letrada gratuita en las primeras consultas a personas afectadas por ocupaciones ilegales en la región, conocidas como okupaciones.
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