Extremadura crea oficinas antiokupación, que estarán en funcionamiento en un mes

La Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda ha firmado este lunes un convenio por el que aportará 50.000 euros, 25.000 euros para cada colegio. El acuerdo tiene un plazo de un año con posibilidad de prórroga por otros 24 meses.

El consejero de Infraestructuras, Manuel Martín Castizo, ha explicado que este servicio atenderá casos de ocupaciones ilegales, conocidas como okupaciones. De esa forma, no funcionará para lo que se conoce como inquiocupaciones, que son casos de impago de viviendas en alquiler y que tienen otro tipo de procedimiento.

«Queremos prestar orientación y asesoramiento profesional, de forma inmediata, a quienes se ven afectados por la ocupación ilegal de sus inmuebles», ha explicado. Los abogados dispondrán de un turno de oficio específico de letrados en ejercicio para atender las consultas de los ciudadanos, lo que se podrá hacer de forma presencial, por teléfono de lunes a viernes en horario de mañana y tarde (de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas) y por correo electrónico. «Prestarán asistencia urgente o de primera necesidad», ha añadido, «de modo que puedan emitir criterios de respuesta eficaz e inmediata a quienes soliciten la prestación del servicio, encaminándolos adecuadamente a la solución efectiva del conflicto».

Martín Castizo ha señalado que con estas oficinas se pretende atajar un problema que considera «creciente» en Extremadura. Según ha indicado, las cifras del Ministerio del Interior recogen que el pasado año se produjeron en la región 145 casos de usurpación o allanamiento de bienes, un dato inferior sin embargo a los tres ejercicios anteriores, aunque del orden de los 150 por anualidad. Asimismo, se registraron 104 víctimas y 24 detenciones por estos hechos.

Esta estadística, no obstante, recoge tanto las entradas en inmuebles ajenos como la permanencia, con o sin violencia, por lo que no se puede equiparar con las okupaciones. Aún así, para el Gobierno regional reflejan un problema que tiene gran incidencia para las personas que lo sufren y para el conjunto de la sociedad.

Para Martín Castizo, las ocupaciones ilegales no sólo suponen un atentado contra la propiedad privada y una causa de inseguridad ciudadana, sino que también generan distorsiones en el mercado inmobiliario. Como ha explicado, «muchos propietarios dejan de alquilar sus viviendas por miedo a no poder recuperarlas», aunque obedece principalmente a casos de impago en lugar de usurpaciones o allanamientos. Pero ha destacado que con ello se perjudica a personas en situación de vulnerabilidad, como trabajadores precarios, inmigrantes y madres solteras, ya que se produce una disminución de la oferta y por tanto un aumento de los precios.

«Esta medida es un compromiso del Gobierno de la presidenta María Guardiola para defender los derechos de las familias», ha apuntado el consejero de Infraestructuras. La creación de este servicio se incluyó en el pacto de investidura entre PP y Vox. Aunque ese acuerdo se rompió el pasado año, el Ejecutivo autonómico ha seguido adelante con esta iniciativa, para lo que se incluyó una partida específica en el proyecto de Presupuestos autonómicos de 2025. Las cuentas fueron retiradas y no se llegaron a aprobar por falta de apoyos parlamentarios, lo que no ha impedido que se lleve a cabo esta actuación en colaboración con los colegios de abogados.

Ildefonso Seller, decano del Colegio de Abogados de Badajoz, ha explicado que la oficina ofrecerá una primera consulta, de carácter gratuito, para orientar a las personas que sufran una ocupación ilegal. En caso de que el procedimiento acabe finalmente en una demanda y juicio, deberán contratar un abogado, aunque para ello también podrán disponer del turno de oficio habitual.

Por su parte, Luis Bohoyo, vicedecano del Colegio de Abogados de Cáceres, ha indicado que se dará un servicio legal especializado a los ciudadanos ante «un problema que parece preocupante, especialmente en los últimos tiempos».