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A. T.
Domingo, 4 de noviembre 2018, 08:51
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-Le contesto desde el punto de vista historiográfico, no político, que no me corresponde. No estoy de acuerdo con mis colegas que señalan que el Valle de los Caídos es un monumento fascista. Es un monumento nacional-católico, pero no fascista. Los fascistas no idearon edificios con evocaciones de los cuatro evangelistas y una Piedad y una basílica con monjes benedictinos. Yo creo que los monumentos, sean lo que sean, son Historia y como tal hay que conservarlos. El Valle debe mantenerse, pero despojado del significado de 'tumba de Franco'. La decisión de que fuera enterrado en Cuelgamuros probablemente no partió de la familia, sino del Gobierno de entonces. La familia había comprado un panteón en Mingorrubio, en El Pardo. Franco no puede estar en el Valle por tres razones: porque fue concebido como cementerio de los caídos, y Franco no es un caído; Franco no debe estar en el trascoro de una basílica católica, que es un lugar de privilegio y reservado a un santo (es el caso de San Pedro en el Vaticano, o de Santiago en su catedral) y sobre el que se edifica la iglesia; en tercer lugar, una razón de orden administrativo: es un monumento a cargo de Patrimonio Nacional, que gestiona el Palacio Real, el Monasterio de Yuste y, de repente, el mausoleo de Franco. No creo que Patrimonio Nacional deba tener entre sus obligaciones cuidar el mausoleo de Franco. Tiene que ir a otro sitio.
-A otro sitio. Hay que entregárselo a la familia. Puede acabar en la Almudena, sí, pero no se puede suspender el derecho privado porque sean nietos de Franco. En cualquier caso, hay que tener mucho cuidado con los restos de los muertos porque no puede haber mayor ultraje para una persona o una comunidad que el que se le hace a los muertos. De esto saben mucho los rusos, que mantienen el mausoleo de Lenin y también la tumba de Stalin, aunque sea en un rincón.
-Mediante un acuerdo que sea transpartidista y transgeneracional y hacerlo de tal manera que no se humille a los deudos y que no se enaltezca al dictador. Aquí tendría que haber un pacto político y ciudadano para gestionar los márgenes de la política de la memoria, bajo el principio de que no podemos hacer borrón y cuenta nueva ni abrir una causa general.
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