La Consejería de Sanidad asegura que fueron inmovilizadas todas las partidas sospechosas

La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, a la que pertenecen los veterinarios que han participado en esta importante operación, confirmó ayer que las actuaciones desarrolladas en la región afectan a varias comunidades autónomas.

El titular de esta consejería, José María Vergeles, dijo ayer que los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía porque los técnicos confirmaron que era imposible conocer la procedencia de los casi 300.000 kilos de productos cárnicos localizados en esas inspecciones dado que se incumplían las normas de etiquetado.

La Dirección General de Salud de la Junta de Extremadura inmovilizó en un primer momento la mercancía en Malpartida de Plasencia para que fuese devuelta a las empresas de las que procedía y se subsanasen los problemas en el etiquetado.

Pero en la investigación posterior se detectaron «incongruencias en la documentación de trazabilidad», que es la que permite seguir el rastro a los productos para saber cuál es su verdadera procedencia.

Fue así como los técnicos relacionaron los productos intervenidos con otras empresas ubicadas en las localidades de Higuera la Real, Oliva de la Frontera y Zafra.

Finalmente, el 28 de agosto de 2017 la Guardia Civil precintó las instalaciones de la empresa Valle de los Valfríos en Higuera la Real. Un mes después, los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía de Badajoz para que se investigase la posible existencia de al menos un delito contra la salud pública.

Vergeles confirma que la investigación judicial la lleva en estos momentos el Juzgado de Instrucción de Fregenal de la Sierra, por lo que las indagaciones trascienden ya al ámbito de la autoridad sanitaria y están siendo desarrolladas por el propio juzgado. Desde la Consejería se insiste en que la trama afecta ya a varias comunidades autónomas y en los últimos días ha provocado el cierre de otra empresa cárnica en la localidad valenciana de Alzira.

El consejero, que ha insistido en que esta trama afecta a varias comunidades autónomas, con el cierre de otra empresa en Alzira (Valencia). Igualmente ha recalcado que su departamento inmovilizó todas las partidas de carne que no tenían una trazabilidad y un etiquetado asegurado, por lo que se evitó que esos productos llegaran a otras empresas o supermercados de la región.