La operación por la venta de jamones caducados se originó en una empresa de Malpartida de Plasencia

Imagen de archivo de una operación anterior/
Imagen de archivo de una operación anterior

HOY.ES

El caso que ha llevado a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales a poner en conocimiento de la Fiscalía una supuesta trama de venta de jamones caducados, que afectaría a varias comunidades autónomas, arrancó en mayo de 2017 en una empresa de Malpartida de Plasencia.

Agentes del Seprona de Cáceres junto con veterinarios del SES acudieron a la citada empresa y localizaron carnes, jamones y embutidos de procedencia que no permitía ser identificada y que por lo tanto incumplía las normas de etiquetado. Se acordó el decomiso y destrucción de 49.471 kilogramos de productos cárnicos, 31 jamones y 2 paletas de cerdo que presentaban putrefacción y pérdida de las características organolépticas exigidas para su comercialización, según informa la Fiscalía de Badajoz.

También el de otros 48.519 kilogramos de productos cárnicos por estar caducados, pérdida de las características organolépticas y falta de trazabilidad exigidas para su comercialización.

Por otra parte se inmovilizaron 21.927 kilogramos de productos cárnicos hasta que la empresa acreditase la trazabilidad comercial de los alimentos; que sí fue comprobada en 2.887 kilogramos por lo que se acordó su posterior liberación al mercado.

Los agentes relacionaron parte de los productos con empresas situadas en Oliva de la Frontera e Higuera La Real; en ellas se inmovilizaron 177.000 kilogramos de productos para su destrucción, y se permitió la salida de otros 75.000 kilogramos, aptos para el consumo.

La Fiscalía precisa que la investigación se centra en esas partidas específicamente y que no les consta ninguna intervención más, ni la existencia de ningún género cárnico en mal estado que proceda de las anteriores poblaciones.

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