El Congreso aprueba una proposición de ley del PP que alarga la vida de las nucleares

El texto defendido por el Partido Popular propone «garantizar la aportación de la energía nuclear en la descarbonización del sistema energético», y plantea para ello cancelar el acuerdo firmado hace seis años entre las compañías propietarias de estas plantas y el Gobierno a través de Enresa, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos que preside la exconsejera extremeña Olga García, y antes que ella el también exconsejero extremeño José Luis Navarro, y que se encarga de los desmantelamientos nucleares y la gestión del combustible gastado. El texto presentado por los populares defiende también reformar el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima), de modo que se cancelen los plazos de clausura de las nucleares y los dueños de estas industrias puedan pedir prorrogar su actividad.

En el caso concreto de Almaraz, la proposición recoge que «su posible extensión de la vida útil exige poner en marcha en los próximos meses el trámite preceptivo ante el Consejo de Seguridad Nuclear, para llegar a tiempo de poder ser aprobada antes del cierre programado para el reactor de Almaraz I en 2027«. Según el PP, son ilegales las órdenes ministeriales que en el año 2020 autorizaron la prórroga de Almaraz recogen que esta sería »la última y definitiva autorización«, porque »contravienen la libertad de instalación de generación eléctrica consagrada en las legislaciones nacional y europea«. En consecuencia, su propuesta de ley deroga estas órdenes, para que la central extremeña pueda seguir funcionando y sus propietarias (Iberdrola en un 53%, Endesa en un 36% y Naturgy el 11%) solicitar más autorizaciones para seguir operando.

Los distintos partidos defendieron sus posiciones ante un hemiciclo semivacío, y durante un debate de tono moderado que comenzó con unos minutos de retraso por el enfrentamiento dialéctico entre el portavoz del PP, Miguel Tellado, y la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol. El motivo fue el rechazo de la presidenta a la petición de modificar el orden del día para incluir en él debatir sobre la necesidad de que el presidente del Gobierno comparezca cuanto antes para hablar sobre los casos de presunta corrupción que protagonizan Santos Cerdán y José Luis Ábalos, los dos últimos exsecretarios de organización del PSOE a los que un informe de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil señala como supuestos perceptores de 'mordidas' en concursos públicos.

La proposición de ley popular la defendió Juan Diego Requena, diputado por Jaén, que remarcó la necesidad de la energía nuclear para el abastecimiento energético nacional. Intervinieron también el BNG (Bloque Nacionalista Gallego), Podemos, PNV, Bildu, Junts, ERC (Esquerra Republicana de Cataluña), Sumar, Vox y el PSOE, este último por medio de Andreu Martín Martínez, diputado por Tarragona.

El contenido de la propuesta popular defendía en esencia lo mismo que la proposición no de ley -aquella no de ley, la de ahora de ley, esta es la diferencia principal- que presentó el pasado 12 de febrero, y que salió adelante gracias a los apoyos de Vox y UPN (Unión del Pueblo Navarro) y las abstenciones de los nacionalistas catalanes de Junts y Esquerra. Hay que recordar que Cataluña alberga tres de los siete reactores nucleares operativos en España (dos en Ascó y uno en Vandellós). Los restantes, además de los dos de Almaraz, están en Trillo (Guadalajara) y Cofrentes (Valencia). Todos irán cerrando paulatinamente entre los años 2027 y 2035 si no cambia la hoja de ruta vigente.