Las ayudas a cereceros y por la lengua azul se tramitarán como proyecto de ley

La Junta de Extremadura aprobó a comienzos de junio un decreto-ley de ayuda de emergencia a explotaciones ovinas y de cereza especialmente afectadas por desastres naturales. Este tipo de normas tienen carácter urgente, lo que permite su inmediata aplicación, pero deben ser convalidadas por el Parlamento regional, donde el PP no tiene mayoría.

La consejera de Agricultura, Mercedes Morán, ha explicado en el pleno de este jueves que estas ayudas, dotadas con 28 millones de euros, se financiarán con cargo al Fondo europeo agrícola de desarrollo rural (Feader) gracias a un acuerdo con la Comisión Europea, que permite destinar fondos a explotaciones afectadas por desastres naturales. La Junta ha conseguido disponer de la cantidad máxima para ayudar con hasta 20.000 euros a los ganaderos afectados por la lengua azul y con un tope de 12.000 euros a los cereceros de Cáceres que padecieron las intensas lluvias de junio de 2024. En ambos casos, se exige una pérdida de al menos el 30% del potencial productivo. Asimismo, expuso que los fondos deben ejecutarse antes de diciembre de este año.

El decreto-ley ha sido convalidado por unanimidad, lo que permite que la norma mantenga su aplicación. Pero tras la votación los tres grupos de la oposición, que durante el debate habían criticado el alcance de la norma, solicitaron que el texto pase a tramitarse como proyecto de ley, lo que permitirá introducir enmiendas (en caso de que se consiga el acuerdo para ello). Entre otras cuestiones, consideran que las ayudas también deben llegar a pequeñas explotaciones, que ahora quedan fuera. El PP se ha opuesto al cambio en la tramitación, pero PSOE, Vox y Unidas por Extremadura sumaron la mayoría necesaria.

El Pleno de la Asamblea también aprobó una proposición de ley de Vox para modificar la Ley del sector eléctrico y reducir la llamada tasa Enresa, que se cobra a las compañías eléctricas por los residuos de las centrales nucleares. Su intención es rebajar el coste de producción para contribuir al mantenimiento de la central de Almaraz.

El Grupo Popular había presentado una enmienda para reducir el impacto de la bajada propuesta, pero ha sido rechazada. Tras esto, los populares han votado a favor de la proposición de ley, con lo que ha salido adelante al sumar sus 28 diputados a los cinco de Vox. PSOE y Unidas por Extremadura se han mostrado en contra.

Este tipo de iniciativas consisten en reformar una norma estatal, por lo que en realidad lo que se aprueba es remitir una propuesta al Congreso de los Diputados. Para ello, hay que elegir a tres parlamentarios extremeños que defiendan la iniciativa en Madrid. Como no ha habido acuerdo previo entre los grupos, se ha llevado a cabo una votación secreta, como exige el Reglamento de la Asamblea, mediante papeletas depositadas en una urna.

El diputado más votado ha sido José María Vergeles, del PSOE, un grupo que está en contra de la iniciativa. Se debe a que el PP ha dividido sus fuerzas para que salieran elegidos el consejero de Presidencia, Abel Bautista, y el portavoz popular, José Ángel Sánchez Juliá. Con ello ambos han superado a los cinco parlamentarios de Vox.

De esa forma, Vox no podrá defender su proposición de ley en el Congreso de los Diputados. «Es inaceptable que el PP se alíe con el PSOE, que acaba de votar en Madrid a favor del cierre de las centrales nucleares, para evitar la representación de Vox en la defensa de nuestra propuesta, que busca salvar Almaraz», ha lamentado el portavoz del grupo, Óscar Fernández.