La Asamblea reprueba a la consejera de Educación y exige su cese por la crisis del transporte escolar

La Asamblea de Extremadura ha apoyado este jueves la reprobación de la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, por su gestión en la crisis del transporte escolar que ha dejado a 5.000 alumnos sin autobús en el inicio de curso.

La propuesta realizada por el Grupo Parlamentario Socialista ha salido adelante con el apoyo de Unidas Por Extremadura y la abstención de Vox. «Las máximas responsables de que por primera vez en la historia se haya vulnerado el derecho fundamental a la educación son las señoras Vaquera y Guardiola», ha asegurado la diputada del PSOE Soraya Vega.

«Ustedes que hablan del estricto cumplimiento de la ley se han saltado la más importante: la Constitución», ha añadido Vega tras calificar lo sucedido como «uno de los hechos más graves de los últimos tiempos».

Ha lamentado que la Junta eche la culpa del «fracaso del transporte escolar a las empresas, a la oposición, a la justicia que tampoco les dio la razón y al Gobierno anterior». Incluso ha ido más allá y ha asegurado que «les ha faltado culpar a los niños que se han quedado tirados por vivir donde viven».

Ha calificado de «sorprendente» que el Ejecutivo regional haya acudido a la justicia para interponer una denuncia por vía penal a algunas de las empresas de transportistas. «Alguien se cree que así se resuelven los conflictos y se puede negociar», ha afirmado Vega antes de insistir en que «Vaquera se tiene que ir y, si no se va, Guardiola la tiene que cesar por el ataque cruel contra el mundo rural».

Por su parte, Joaquín Macías, de Unidas Por Extremadura, ha tildado de «irreales» las soluciones como el abono del kilometraje a las familias que han tenido que hacer uso de sus vehículos para llevar a los alumnos a los centros educativos, o la enseñanza telemática. Ha afirmado que «debería asumir la responsabilidad por una gestión más que deficiente».

Macías también ha planteado que se baraje la posibilidad de que una empresa pública garantice el transporte para no ser «rehenes» de lo privado.

Desde Vox, Juan José García ha indicado que «la reprobación no vale para nada, pues es un acto simbólico sobre un miembro del Gobierno», y ha añadido que «si el Ejecutivo respetase a esta cámara la reprobación llevaría consigo la dimisión o el cese fulminante».

Ha insistido en que «Vaquera no será recordada por ser reprobada, sino como la consejera que dejó tirados a los niños de los pueblos en pleno siglo XXI».

Desde el PP, Sandra Valencia ha defendido la gestión de Vaquera. «Seguiremos apoyando a una consejera que trabaja con rigor, sensibilidad y una hoja de ruta clara: que cada niño viva donde viva tenga la mejor educación posible», ha afirmado la diputada popular. «La consejera está haciendo una grandísimo trabajo. Tiene diálogo y habla con la comunidad educativa para llegar a puntos en común», ha añadido.

Hay que recordar que nunca antes un inicio académico fue tan agitado. 5.000 niños lo empezaron sin autobús que les llevara a sus colegios e institutos después de dos semanas marcadas por la tensión.

En la noche del 4 de septiembre la Junta presentó en el juzgado de guardia de Mérida una denuncia por vía penal contra varias empresas de transportistas por supuestas coacciones «por realizar prácticas con el fin alterar el precio de los contratos, obteniendo su adjudicación por un valor muy superior al que estas mismas empresas suscribieron en el acuerdo marco», aseguró el Ejecutivo regional. Además, el Gobierno extremeño solicitó medidas cautelares para obligar a los empresarios a prestar este servicio considerado un «derecho fundamental», una petición que denegó la justicia posteriormente.

La Junta convocó una licitación de urgencia para intentar cubrir las 242 rutas desiertas, pero solo completaron 19. Seguidamente emitieron una resolución para adjudicar de forma directa y obligada las líneas que no se habían cubierto. Sin embargo, las empresas hicieron caso omiso y el curso empezó sin autobuses para 5.000 alumnos.

Ante eso la Junta planteó clases telemáticas y abonar el kilometraje a las familias afectadas que hubieran usado sus vehículos para desplazarse hasta los centros educativos.

Tras cuatro jornadas sin transporte escolar, el martes, 16 de septiembre, transportistas y Junta llegaron a un acuerdo en el que la Junta abandonaba la vía judicial, las empresas lograban reivindicaciones históricas y una subida de precios del 65% en algunas de las líneas. El servicio se restableció el miércoles 17 pero las incidencias han continuado y no se han cubierto todas las rutas hasta 13 días después.

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