Casi 33.000 extremeños cobran un subsidio de 480 euros tras agotar su derecho al paro

La escasez de mano de obra y las dificultades para completar las plantillas no afecta únicamente a la hostelería, también se constata en la construcción o en los servicios y no es endémica de la región, se replica de manera casi idéntica en el resto de comunidades autónomas.

Ante esta realidad, dos vías muy diferentes para revertirla. Mientras los sindicatos se alinean con la recomendación que Joe Biden, presidente de Estados Unidos, hizo a los empresarios de su país: «Pagadles más», dijo en referencia a los salarios de los trabajadores; desde la patronal miran con reticencia a las prestaciones –'las paguitas', como se refieren a ellas de manera despectiva desde ciertas esferas políticas– porque consideran que desincentivan la búsqueda de empleo.

«Hay que mejorar salarios porque la gente quiere trabajar y cobrar cuanto más mejor; se ha notado en el campo que en cuanto se ha subido el salario mínimo se ha dejado de escuchar que no hay mano de obra para las campañas», declara Beatriz Blanco, secretaria de Política Social de Comisiones Obreras.

«Es innegable que hay un paro estructural de gente que no quiere trabajar y que cobra los subsidios», lamenta José Luis Iglesias, gerente de Pymecon, federación regional de la construcción. «No son casos aislados, las empresas me transmiten de forma recurrente que hay personas que rechazan los empleos porque están cobrando prestaciones», añade Iglesias.

Pero, ¿de qué cifras estamos hablando? En 2023, según los datos del SEPE (Servicio Público de Empleo), hay 32.816 personas que están cobrando alguno de los cuatro subsidios de 480 euros mensuales que están activos para quienes ya han agotado su prestación contributiva por desempleo (el paro). Una cifra que apenas representa el 6,5% de la población activa en Extremadura, que según la última EPA (Encuesta de Población Activa) asciende a 502.200 individuos.

Es cierto, que el porcentaje es mayor respecto a las personas en situación de desempleo, que en la región son 85.600, de nuevo según la EPA del segundo trimestre del año.

Por otro lado, son 18.963 los extremeños perciben actualmente la prestación por desempleo.

El rechazo a los empleos tiene otras causas, según los sindicatos. «Las condiciones laborales también son muy mejorables en algunos sectores», señala Blanco, que cifra en 600 euros la cuantía máxima que puede percibir una persona en subsidios asistenciales una vez agotada su prestación contributiva por desempleo.

Lo puede hacer mediante alguna de las seis prestaciones no finalistas –aquellas en las que el beneficiario puede destinar el dinero que percibe a lo que considere oportuno– que existen en Extremadura o bien compatibilizando aquellas que lo permiten. Cinco son estatales: el Ingreso Mínimo Vital (IMV), el subsidio por desempleo para mayores de 52 años, el dirigido a trabajadores de 45 años o más y no tienen responsabilidades familiares a su cargo, la Renta Activa de Inserción (RAI) y el Subsidio Extraordinario por Desempleo (SED). A nivel regional está la Renta Básica Garantizada.

Todas tienen requisitos, pero tanto el IMV como el subsidio para mayores de 52 y la renta básica no tienen límite temporal. Se pueden cobrar mientras se cumplan con las condiciones motivaron su concesión.

Es la de mayor cuantía de base, que asciende hasta los 600 euros al mes. Esto significa que, al ser compatible con otras prestaciones, complementa hasta esa cantidad –600 euros– los ingresos que tenga el beneficiario. «Avanzamos hacia la compatibilización de las prestaciones con el alta laboral, lo que favorece que los beneficiarios se inserten en el mercado de trabajo porque no tienen que renunciar al subsidio si el salario es reducido», expone Blanco.

Esta prestación solo puede cobrarla un integrante de la unidad familiar y actualmente se pagan 3.324 en Extremadura, según los datos de la Junta, y de ella se benefician unas 10.000 personas. «La media mensual de pagos realizados en 2023 es de 2,3 millones de euros», confirman el coste para las arcas públicas en la Consejería de Servicios Sociales.

Se trata de una prestación de carácter subsidiario, lo que significa que es necesario agotar todas las líneas de ayudas y prestaciones a las que un ciudadano pueda tener derecho para optar a ella, explican desde el Colegio de Trabajadores Sociales.

Desde que está en vigor en junio de 2020 se han otorgado 24.118 altas en la región, tal y como confirma el Ministerio de Inclusión. Esta ayuda, igualmente compatible con otros ingresos, fija una base mínima de ingresos en función de la unidad familiar y los complementa hasta esa cuantía. Por tanto, la cantidad que percibe cada beneficiario es variable. La base para un hogar con dos adultos y dos menores se establece en 1.074,21 euros mensuales y para una persona que vive sola, en 565,37 euros. «La media que se paga en Extremadura es de 442 euros al mes, que es la cifra más reducida de España», informa Blanco.

Se puede percibir hasta el momento de la jubilación. En este 2023 asciende a 480 euros al mes, que es el 80% del IPREM. «Está pensada para un colectivo de personas que tienen una difícil inserción en el mercado laboral», explica la responsable de Política Social de Comisiones Obreras.

Al igual que las prestaciones para mayores de 45 años, la RAI y el SED, está planteada para aquellos trabajadores que ya hayan agotado su derecho al paro o que no tengan cotizado el tiempo suficiente poder activarlo de nuevo.

En el sector agrario, para los trabajadores eventuales por cuenta ajena –los temporeros– hay dos prestaciones: el subsidio agrario y la renta agraria. Varían entre los 480 y los 642 euros al mes y su duración depende de la edad, aunque las dos tienen un requisito mínimo de trabajo en el campo a lo largo del año. Es decir, se generan mediante las peonadas, por lo que más que a los subsidios se asimilan al paro.

En conjunto, la media mensual en lo que va de año supera los 20.000 beneficiarios en la región.

Con la misma intención de apoyar a los trabajadores con muchas dificultades para encontrar empleo se establece esta ayuda. «El 40% de las prestaciones que se pagan en Extremadura son para parados de larga duración», aporta Blanco.

La cuantía es también de 480 euros mensuales, pero tienen un límite temporal de seis meses y no se puede cobrar en más de un periodo.

De la misma dotación económica e igualmente con seis meses de duración (180 días exactamente), este subsidio trata de ayudar a las personas en situación de desempleo en un momento puntual para favorecer su inserción en el mercado laboral.

Según el SEPE, durante el presente 2023 se están pagando en Extremadura 28.849 subsidios por desempleo más allá del paro.

Como su nombre indica, esta prestación está muy vinculada a los itinerarios de inserción laboral. Al igual que las anteriores es de 480 euros mensuales y se concede por un periodo máximo de once meses. La están percibiendo este año en la región casi 4.000 personas todos los meses.

Estas ayudas económicas mencionadas son las no finalistas, pero también existen las destinadas a gastos concretos, como al pago de los suministros energéticos de la vivienda o del alquiler.