Más de 250 trabajadores piden a la Junta en el juzgado que les abone su indemnización por cese

Más de 250 trabajadores de la Administración General, en unos casos empleados que han logrado estabilizarse y en otros no, han demandado a la Junta en los juzgados de lo social para exigir que les abone la indemnización que consideran que les corresponde por cese.

«Los primeros juicios ya se han celebrado en Plasencia y estamos a la espera de que se dicten las sentencias, pero son más de 250 las demandas presentadas y repartidas por los juzgados de lo social de la región», afirma Luis Manuel Gil, coordinador regional de USO.

Explica que se trata de trabajadores, en muchos casos indefinidos no fijos, que deberían haber cobrado una indemnización al ser cesados. «Un cobro que debe producirse en el momento en que son cesados del puesto de trabajo en el que estaban, hayan o no logrado después una plaza en la estabilización».

A juicio de esta central, «la manera restrictiva en la que la Junta está interpretando lo recogido en la norma respecto al pago de las indemnizaciones, con el objetivo de ahorrar lo máximo posible, es lo que está derivando en una cascada de demandas en los juzgados», en palabras del coordinador de USO.

La vía judicial es la elegida para reclamar estas indemnizaciones para el personal laboral de la Administración General y no se descarta tomar la misma en el caso de los funcionarios. «Está ocurriendo lo mismo, no se están abonando los ceses; por el momento hemos presentado recursos de reposición ante la propia administración, pero si no obtenemos respuesta, acudiremos al contencioso-administrativo», añade Luis Manuel Gil.

La estabilización se judicializa sin que haya finalizado aún la adjudicación de las 3.193 plazas que estaban en juego, de las que 447 se tenían que cubrir por concurso-oposición y 2.746 por medio solo de un concurso de méritos, tanto en personal funcionario como en laboral.

El hecho de que la participación en el proceso se pudiera realizar por cualquiera de los dos sistemas y optar a más de una categoría, lo que ha provocado que la elección después por una única plaza de las logradas haya dejado otras vacantes, así como el que se hayan producido renuncias a las plazas de media jornada o que los adjudicatarios iniciales no cumplieran los requisitos, ha motivado que a día de hoy siga habiendo vacantes por adjudicar.

Según los datos de USO, son más de 300 las vacantes que hay a día de hoy, tanto de personal laboral como de funcionario, tanto por el concurso-oposición como por méritos. «La Junta tiene que hacer un segundo llamamiento para cubrirlas. Está previsto que se lleve a cabo el de funcionarios en lo que resta de año, pero que el de personal laboral se retrase hasta el próximo, por lo que la estabilización sigue sin finalizar».

Estos segundos llamamientos tampoco están exentos de polémica. Se están llevando a cabo los de trabajadores sociales y terapeutas ocupaciones y desde ambos colectivos se ha denunciado el incumplimiento de la Junta de sus propias normas.

Critican que se están volviendo a ofertar las plazas a personas que ya son adjudicatarias de una, por tanto a opositores que ya están estabilizados, «vulnerando la normativa vigente, porque la Junta, con el fin de agilizar la estabilización, determinó en una orden del 17 de diciembre de 2024, la prohibición expresa de adjudicar más de una plaza por persona», recuerdan.

Función Pública, por su parte, niega que se estén cometiendo irregularidades en estos segundos llamamientos, porque a quienes ahora se les están ofreciendo de nuevo plazas ya no son aspirantes, sino adjudicatarios. «Funcionario de carrera o personal laboral fijo de la Junta de Extremadura, con todos los derechos y garantías que eso conlleva, que les permiten acceder a las plazas de aquellas convocatorias que han superado».

Por otro lado, CSIF ha pedido este miércoles por escrito a la Consejería de Salud y Servicios Sociales que «resuelva de forma urgente la grave situación laboral y económica que atraviesan desde hace meses los enfermeros de los centros residenciales dependientes de la Junta».

La central recuerda que «había trabajadores contratados para sustituciones de verano que en septiembre aún no habían percibido ninguna nómina» y asegura que «esta situación, a día de hoy, persiste con respecto al abono no pagado de las noches, festivos y horas extraordinarias de los trabajadores de los centros residenciales dependientes de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, que incluso han tenido que posponer sus vacaciones por que no se cubrieron la del colectivo de enfermeros en el periodo estival».

Añade que esta situación «ha desembocado en un gran malestar de dicho colectivo, que se ha encontrado al límite de la sobrecarga laboral por la falta de personal de los centros, vacaciones denegadas por necesidades de servicio, descanso cada 12-14 días doblando los turnos,... y con el agravante de no cobrar a final de mes por su trabajo y encima no poder conciliar la vida familiar y laboral».

CSIF urge a la Consejería de Salud y Servicios Sociales a que «resuelva con la máxima urgencia todos los retrasos económicos acumulados, tal y como anunció la Junta el pasado 4 de agosto, pero no ha cumplido, además de las horas extraordinarias del colectivo de enfermeros para garantizar el derecho de todos los trabajadores a recibir, de forma puntual, sus retribuciones por el trabajo desempeñado».