Los trabajadores de la extinta Feafes Cáceres ganan los primeros juicios por impago
Ciudad Jardín ha contratado a 24 de ellos para la residencia de Cánovas, que desde este martes acoge a los 38 usuarios del servicio de salud mental
El Juzgado de lo Social número 1 de Cáceres ha dictado las primeras sentencias favorables para los trabajadores de la extinta Feafes, la entidad que gestionó hasta marzo de este año el recurso de salud mental intervenido por la Junta de Extremadura por sus presuntas irregularidades en la gestión.
Este diario ha accedido a una de estas sentencias, correspondiente a una demanda de cuatro empleados a quienes se les adeudan cantidades que van desde los 2.700 a los 8.600 euros. El magistrado condena a la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes) a pagarles lo que se les debe, con un incremento del 10% por mora.
El juez no estima, sin embargo, la petición de declarar responsable solidario al Servicio Extremeño de Promoción y Atención a la Dependencia (Sepad), al considerar que este organismo público no es empleador de los demandantes ni tiene respecto de ellos responsabilidad alguna. Es una sentencia firme contra la que no cabe recurso.
UGT, que representa a algunos de los empleados, señala que es la asociación la que debe responder por estos fallos judiciales ya que, según asegura, «no está disuelta» al no haberse cumplido los requisitos recogidos en sus estatutos para proceder a la disolución. «En caso de disolverse, deberían ir a un concurso de acreedores», indica el sindicato.
Feafes Cáceres se adjudicó en marzo de 2020 el servicio de atención social y en agosto dejó de pagar las nóminas a su plantilla
Luis Castro es uno de los afectados que han emprendido acciones legales. En su caso, le deben 7.900 euros de 2020 y 9.000 de este año. Su juicio se celebró en junio. «Se llegó a un acuerdo con la empresa, que reconoció la deuda, y estamos pendientes de la ejecución de la sentencia», explica. El trabajador ha iniciado otro procedimiento para reclamar las cantidades de 2021.
«Las sentencias son todas favorables a los trabajadores y condenan a la entidad a pagar las costas», subrayó este martes el director gerente del Sepad, José Vicente Granados.
Los impagos a trabajadores y proveedores, como consecuencia de la retención de los fondos que la entidad recibía del Sepad debido a las deudas contraídas, a su vez, con Hacienda y la Seguridad Social, se hicieron públicos poco después de que la Consejería de Sanidad le adjudicara el último contrato de gestión del servicio. En total, casi 2,8 millones de euros para tres anualidades, desde marzo de 2020.
Cinco meses después, en agosto, los trabajadores dejaron de percibir sus nóminas, organizando una serie de protestas para reclamar sus derechos, con el temor de un posible cierre del recurso. En noviembre del pasado año una renovada junta directiva se hizo cargo de la asociación, hasta que en marzo una mayoría de socios decidieron disolverla, quedando desde ese momento el servicio a cargo de una gestora.
Las supuestas malas practicas en la dirección de este recurso asistencial llevaron a la administración a iniciar su intervención, que ha culminado con la rescisión este mes del contrato. Esta tramitación administrativa se materializó y visibilizó este martes en el traslado provisional de los 38 usuarios a la residencia de Ciudad Jardín en Cánovas.
La Consejería y el grupo empresarial sellaban hace unos días un acuerdo de prestación del servicio en sus instalaciones mientras se resuelve la nueva licitación, cuyo pliego está ya redactando el Sepad para adjudicarlo la próxima primavera. «La idea es dar estabilidad en el menor tiempo posible a los usuarios y trabajadores», declaró Granados.
Ciudad Jardín ha asumido los contratos de 24 trabajadores, manteniéndoles las condiciones laborales que tenían en la entidad saliente. «Tenemos el mismo salario, los mismos horarios y turnos de trabajo, lo que no quiere decir que éstos se revisen en unos días cuando empecemos a rodar», corrobora Castro.
Granados confirmó que el grupo ha contratado a «los 23 trabajadores y medio» recogidos en el pliego. Sin embargo, matizó que la entidad no había «depurado bien los datos y facilitó un listado con hasta 30 trabajadores».
Según ha sabido este diario, tres no han sido subrogados y una de las afectadas denunciaba su situación: «He estado en activo todo el año de las irregularidades y mi puesto aparece en el pliego publicado en el convenio de 2019», manifestaba Paloma Reyes.
Los residentes fueron trasladados en autobús a su nuevo alojamiento
Un coche de la empresa cacereña Autobuses Blanco se encargó de trasladar este martes a los 38 usuarios la extinta Feafes desde el centro residencial de Mejostilla a las instalaciones de Ciudad Jardín en Cánovas. A las 8.30 de la mañana comenzó el traslado y el vehículo realizó varios viajes hasta que los usuarios quedaron instalados en un ala independiente de la residencia de mayores. Se transportaron numerosas cajas con pertenencias y material del antiguo centro. Los empleados subrogados desempeñan ya su trabajo en el céntrico edificio.
