Piden cárcel para un constructor por no pagar las obras de unas viviendas en Cáceres
La deuda de 210.000 euros a una empresa de estructuras obligó a paralizar la edificación
Dejó de pagar las obras de cimentación y estructura de unas viviendas que se estaban construyendo en la provincia de Cáceres, lo que obligó a paralizar los trabajos a pesar de que ya había recibido el importe de las certificaciones. El administrador único de una constructora se sienta hoy en el banquillo de la Audiencia Provincial de Cáceres para hacer frente a un delito continuado de apropiación indebida. La Fiscalía Provincial de Cáceres pide para él cinco años de cárcel.
Tal y como detalla el escrito de la Fiscalía este empresario subcontrató en 2022 a la empresa Estructuras Cogal, ubicada en Plasencia, las obras de estructura y cimentación de unas viviendas. A partir del mes de junio de 2022 el acusado comenzó a impagar una serie de facturas que correspondían a obras ya ejecutadas conforme a lo pagado entre las partes por un importe que rozaba los 210.000 euros.
Cobro
El responsable de la empresa subcontratada realizó continuos requerimientos de pago al acusado ofreciendo distintas propuestas para lograr el cobro de la cantidad debida, así como para evitar nuevos impagos, al mismo tiempo que «en base a la confianza que tenía depositada en el acusado y las continuas promesas de pago de este», las obras continuaban.
El 14 de septiembre de 2022 el acusado firmó unos documentos en los que reconocía recibir el importe de diversas certificaciones de las viviendas y se comprometía a pagar con esas cantidades a la empresa subcontratada más de 50.000 euros. Esta propuesta fue aceptada por su dueño. El día 15 de septiembre las obras fueron paralizadas debido al perjuicio que los impagos estaban causando, indica la Fiscalía en su escrito. El acusado, a pesar de que los propietarios de las viviendas habían pagado las certificaciones, no cumplió lo pactado, pues el dinero recibido y que debía entregar a estructuras Cogal lo destinó a una ampliación de capital de su empresa, como reconoció ante el Juzgado. El impago de esa cantidad impidió a la empresa subcontratada hacer frente a otros pagos.
Los cinco años de prisión a los que debe hacer frente el acusado implican también inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y doce meses de multa a razón de una cuota diaria de 25 euros, con responsabilidad personal subsidiaria. Tanto el acusado como la empresa han de hacer frente a la suspensión de sus actividades durante cuatro años y para ambos la Fiscalía provincial de Cáceres solicita indemnizar a Estructuras Cogal con la cantidad de 209.659 euros por la cantidad defraudada y los perjuicios ocasionados por este impago.
