'Petratenientes'

Fernando Palazuelo, en el centro, junto a los futuros duques de Alba, Fernando Fitz-James-Stuart, hijo del duque de Alba y su esposa Sofía Palazuelo:: HOY/
Fernando Palazuelo, en el centro, junto a los futuros duques de Alba, Fernando Fitz-James-Stuart, hijo del duque de Alba y su esposa Sofía Palazuelo:: HOY
FÁTIMA LOZANO

En apenas trece meses se cumplirán treinta años desde aquel 6 de febrero de 1990 en el que la Junta de Extremadura, gobernada por Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expropió las fincas de Cabra Alta y Cabra Baja a su noble propietaria, Cayetana Fitz-James Stuart y Silva. Aquello fue un gesto político, por supuesto, pero también social y económico que pretendía resarcir una deuda histórica de los terratenientes con los comuneros arrendatarios de Zahínos y de Villanueva del Fresno, localidad donde se ubican estas grandes extensiones de terruño. Tras un largo litigio judicial que duró más de una década, la entonces duquesa de Alba recibió una indemnización cercana a los 400 millones de pesetas. Ahora serían unos 2,4 millones de euros, más o menos la misma cantidad con la que el Gobierno regional actual ha tasado el Palacio de Godoy, un inmueble de su propiedad del siglo XVI que aportará como capital para que un grupo inversor, encabezado por la familia Palazuelo, que ha rehabilitado numerosos edificios en el centro de Lima (Perú), lo convierta en hotel de lujo en pleno corazón de la parte antigua cacereña.

En principio, estos dos hechos no tienen relación alguna si no fuera porque el día de la presentación de este proyecto inmobiliario, que supondrá una inversión privada de 10 millones de euros en la rehabilitación del edificio, se encontraban entre el público del salón de plenos del ayuntamiento cacereño los duques de Huéscar, Sofía Palazuelo, hija y hermana de los inversores, y Fernando Fitz-James, el primogénito del actual Duque de Alba y quien heredará toda la grandeza de España de su abuela, aquella a la que expropiaron las fincas de Badajoz.

Me complace que Cáceres sea el punto de mira de promotores que quieren impulsar la boyante industria del turismo y que se apueste por recuperar edificios históricos cerrados para convertirlos en acogedores y exquisitos hoteles, pero me preocupa que la gestión de estos inmuebles centenarios acabe concentrada en manos de unos pocos privilegiados cuyas cuentas corrientes y sus idas y venidas financieras les permiten acudir al rescate de administraciones que no disponen del activo suficiente para mantener en pie las paredes pétreas que otros levantaron al llegar allende los mares.

No me gustaría que aquellos viejos terratenientes del siglo pasado, poseedores de grandes extensiones agrícolas de nuestra región, se transformen en nuevos 'petratenientes', dueños de gran parte del granito almohadillado que forma parte de nuestro casco histórico, el que es Patrimonio de la Humanidad, el que debe ser patrimonio de todos.