La megafonía del tapicero de Cáceres llega al Defensor del Pueblo
Insta al Ayuntamiento a cumplir la ordenanza que prohíbe los anuncios con altavoces, tras la denuncia de un particular
Los tapiceros son muy conocidos en Cáceres. Sobre todo por lo que se hacen notar. Hay empresas con nombres de distintas vírgenes cuyos vehículos han ... venido recorriendo durante años las calles de la ciudad. A cualquier hora del día, con sobredosis de decibelios y con todo lujo de detalles se informa de la posibilidad de acondicionar una silla, un sillón y cualquier otro elemento casero que se precie. Da igual si al cacereño de turno eso le interesa o no. Imposible desligarse de una oferta que entra a todo volumen en las casas.
Últimamente no ocurre tanto así, quizás como consecuencia de la advertencia dirigida al Ayuntamiento por la oficina del Defensor del Pueblo. La denuncia de un particular sobre este tipo de publicidad llevó a abrir un expediente. Ha terminado con tirón de orejas al Consistorio, al que se invita a cumplir su propia ordenanza.
Se trata de un texto que entró en vigor en febrero de 2021 y en el que se regula la promoción comercial en distintos ámbitos. En el mismo se resalta que «queda prohibida la publicidad oral y/o anuncio de la distribución a través de la utilización de aparatos musicales, altavoces o megafonía». Se hace una puntualización. La excepción corresponde a «aquellas que se autoricen por ser de especial interés público». No parece que sea el caso del tapicero. Con la normativa en vigor el recorrido publicitario por las calles de estas empresas tenía los días contados.
El uso de megafonía en la publicidad se tipifica como una infracción muy grave y puede llevar a una multa de 1.500 euros
Por si había dudas de ello, el Defensor del Pueblo se encarga de recordárselo al Ayuntamiento. Le recuerda, asimismo, que no ha respondió al escrito presentado por el denunciante en agosto de 2020. La cuestión de fondo, incide, eran «los ruidos procedentes de la megafonía de una empresa de tapizados que anunciaba sus servicios por ese municipio».
Respuesta
«Esta ausencia de respuesta por parte de la entidad local a la petición presentada por el compareciente supone un incumplimiento de la obligación de resolver que tienen las administraciones públicas», insiste el Defensor del Pueblo en su reprobación.
Argumenta que entre los deberes de la administración está el de «resolver expresamente las peticiones y reclamaciones que le presenten los particulares».
Más allá de ello, lo llamativo es que con la denuncia del particular y un informe de la Policía Local no pudo localizarse la mercantil de tapizados que realizaba la publicidad sonora, por no indicarse el momento y lugar exacto de las molestias.
El Defensor del Pueblo considera, no obstante, que la Policía Local podría haber contactado telefónicamente con el vecino afectado, «a fin de que aclarase o concretase los hechos para poder investigarlos» con mayor detalle. No en vano, añade, llevaba años denunciando esa situación. Un primer correo electrónico es de 2014.
Coincide en que «es responsabilidad del Ayuntamiento sancionar las infracciones establecidas en las ordenanzas municipales, para garantizar una adecuada convivencia ciudadana». Y remarca que en el texto legal se alude a la mencionada prohibición de utilizar elementos sonoros.
En el apartado de 'recordatorio de deberes legales', la oficina del Defensor insta al Consistorio a responder a la solicitud planteada por el vecino.
Concluye que el Ayuntamiento debe, además, «hacer cumplir en el municipio la prohibición de realizar publicidad oral y/o anuncio de la distribución a través de la utilización de aparatos», tal y como establece la ordenanza.
En la misma, se recoge un apartado de sanciones con multas definidas para incumplimientos concretos.
El uso de megafonía para realizar publicidad, como era el caso de los tapiceros, se considera una infracción muy grave. La sanción prevista puede llegar a los 1.500 euros.
14 deficiencias en la Comisaría, incluida la falta de protocolos para detenidas embarazadas
Las quejas sobre la Comisaría de Cáceres habían estado hasta ahora relacionadas con las deficiencias del edificio. Los sindicatos han alzado la voz en diversas ocasiones por los problemas que se han producido con la climatización . Pero hay más. El Defensor del Pueblo realizó una visita el pasado junio y detectó hasta 14 deficiencias que deja por escrito con las sugerencias correspondientes.
Resalta que no se recibió respuesta a las mismas, entre las que sobresale el reconocimiento por parte de los agentes de que «no disponen de un protocolo de prevención de suicidios». Incide el Defensor del Pueblo en que ello «contrasta con la obligación de custodia segura de las personas detenidas». En este sentido, no existía en el momento de la visita un protocolo para mujeres embarazadas que hayan sido puestas a disposición de la autoridad policial.
Hay recomendaciones como mejorar la luz en alguna de las celdas, cambiar el suelo de cerámica de la ducha por considerarlo un elemento potencialmente peligroso, activar un mecanismo de apertura mecánica en las celdas para facilitar una posible evacuación o instar a los agentes a cumplir el «deber de portar su placa identificativa».
No hubo contestación en su momento desde la Dirección General de Policía, entidad a la que se dirige el Defensor.
También se apunta que debe habilitarse vigilancia en la zona de los calabozos, se tienen que sustituir colchonetas en mal estado y adquirir ropa, toallas o batas para personas que queden expuestas a un desnudo integral. También se recomiendan guardar durante al menos 30 días las grabaciones, mejoras en el sistema de videovigilancia, además de los citados protocolos de actuación específicos en prevención del suicidio y atención a detenidas embarazadas.
Asimismo, se aconseja mejorar el registro para evitar situaciones como algunas que se describen, con salidas anotadas en horarios posteriores a los de entrada.
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