Investigan si en dos residencias de Valencia de Alcántara se ha maltratado a ancianos

La Fiscalía de Cáceres se encuentra investigando una denuncia presentada contra cinco trabajadoras de la Residencia San Antonio. En ella se asegura que había residentes que se habían acostado sin cenar, que habían recibido manotazos y que no eran atendidos debidamente en su aseo personal al no cambiar los pañales a usuarios que los utilizan. La Fiscalía ha confirmado a HOY que está comprobando si se han cometido delitos de lesiones y contra la integridad moral. La denuncia la ha formulado Andrés Freixo, exdirector de la residencia Buenos Aires, que había sido condenado anteriormente por un delito de intrusismo. La misma persona presentó la denuncia ante el Ayuntamiento, que lo ha puesto en conocimiento de la Diputación, que ha nombrado a un instructor que realizará una investigación.

Por otra parte el Sepad (Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia), realizó recientemente una visita de inspección a las dos residencias y ha decidido intervenir la residencia Buenos Aires, en donde encontraron que un residente estaba en una silla de ruedas atada a una columna.

Según ha indicado a HOY la Junta de Extremadura, esta intervención no es igual a las que se hicieron en la época de la pandemia, que suponían apartar de sus funciones al director. La intervención consiste en una inspección y un seguimiento directo de la actividad de la residencia y del trato que se dispensa a los mayores.

El Sepad señala que la intervención en una de las residencias de Valencia de Alcántara, se realiza de acuerdo a la Ley 14/15 de 9 de Abril, de Servicios Sociales de Extremadura, que en su artículo 54 expone que la Inspección de Servicios Sociales que se realice en la Comunidad Autónoma de Extremadura tendrá como objeto verificar lo dispuesto en la normativa legal.

La inspección del Sepad, en sus visitas, tiene las siguientes funciones: velar por los derechos de las personas usuarias de los servicios; controlar el cumplimiento de la normativa; formular propuestas de mejora en la calidad de los servicios sociales; asesorar e informar a los profesionales y entidades, respecto a los requisitos y condiciones establecidos en la normativa vigente para la prestación de servicios; y proponer medidas provisionales y cautelares dirigidas a salvaguardar la salud y la seguridad de los usuarios de servicios sociales.

La inspección inicia el procedimiento y comprueba in situ las condiciones tomando las medidas oportunas, si fuera necesario, para salvaguardar la seguridad y la salud de las personas que estuvieren afectadas, y propone al órgano competente la incoación del correspondiente procedimiento sancionador si se comprobase la existencia de una posible infracción.

Tras la intervención del centro, el Sepad recalca que el buen trato a los residentes está garantizado.

El alcalde de Valencia de Alcántara, Alberto Piris, recalca que han hablado con familiares de residentes y no les han comunicado queja alguna, «es al revés –señala–, están muy contentos con los trabajadores e incluso con la comida que se da en las residencias».

No es la primera vez que la residencia Buenos Aires es objeto de polémica. En el año 2021 fue juzgado en la Audiencia Provincial el director en funciones Andrés Freixo que ejercía ese puesto pese a ser representante sindical de CCOO liberado. Él es quien ha denunciado ahora en Fiscalía a trabajadoras de la otra residencia. El tribunal le condenó por el delito de descubrimiento de secretos a dos años y medio de prisión, seis años de inhabilitación absoluta y pagar una multa de 3.240 euros por acceder a documentos personales de una trabajadora, en el ordenador que ella usaba con una clave. También se le condenó a pagar una multa de 1.080 euros por hacer funciones de enfermero cuando no tiene la titulación, ya que es auxiliar de enfermería.

La sentencia fue recurrida en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. En este órgano de justicia el director en funciones fue absuelto del delito de descubrimiento de secretos, pero se confirmó que cometió el delito de intrusismo. Según la sentencia de la Audiencia Provincial, administró insulina a residentes sin medir antes los niveles de glucemia, hacía curas, cargaba pastilleros y administraba heparina; según la sentencia: «haciéndolo sin importarle el peligro o riesgo que ello implicaba para la salud de los usuarios del centro, especialmente vulnerables».