La Guardia Civil investiga la posible salida al consumo de carne que debía ser destruida en Cáceres

Continúa la investigación de la Guardia Civil sobre empresas cárnicas por prácticas que podrían ser ilegales. El juzgado número 3 de Cáceres que instruye el caso lo mantiene bajo secreto de sumario, si bien, según ha podido saber este diario, la investigación trata de establecer responsabilidades por la presunta puesta en circulación de productos cárnicos que las autoridades sanitarias habían propuesto para el decomiso, y por lo tanto debían ser destruidos.

Se trata mercancías que presuntamente no cumplían con la legalidad para ser comercializadas, pero en lugar de acabar incineradas eludían el trámite que obligaba a destruirlas y volvían a entrar en la cadena alimentaria como si fuera un producto apto para el consumo, siempre según las fuentes consultadas por HOY. Este tipo de productos suelen ser destruidos en plantas incineradoras. Algunas fuentes apuntan a que la carne en cuestión podría proceder de la caza, un sector donde es más difícil garantizar la trazabilidad, es decir, el segimiento de un producto hasta llegar al consumidor.

Por ahora no ha trascendido si la posible infracción tendría que ver con la higiene y el almacenamiento de los productos alimenticios, o sería una cuestión de trámites administrativos, etiquetado, trazabilidad o algún otro de los múltiples requisitos administrativos y de control a los que deben someterse los productos cárnicos. Según el Servicio Extremeño de Salud (SES) la investigación no ha partido de esta institución. «Nos consta que no entraña ningún peligro para la salud pública», se responde a una consulta hecha por este diario.

La Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres no ofreció más detalles acerca de la operación en torno a empresas del sector cárnico que se materializó el pasado lunes con una actuación en una finca del Polígono Ganadero, en donde se hallaban varias furgonetas de una empresa de la ciudad. Los agentes también acudieron al domicilio de esta empresa en el centro de la ciudad y a una incineradora de animales situada en Casar de Cáceres.

Más allá de la empresa que recibió la visita de agentes el pasado lunes, otras firmas del sector están siendo investigadas, tal y como señaló la Guardia Civil. Al parecer empresas de Salamanca y Almaraz también podrían estar incluidas en esta operación, cuyos detalles no trascenderán hasta que la Guardia Civil dé por concluidas las pesquisas y no comprometa la labor de jueces que instruyen el caso.

Durante la mañana de ayer en esta empresa continuaba la actividad de forma normal por la mañana. Este diario no pudo ponerse en contacto con ningún responsable de la compañía. Trabajadores de la misma aseguraron que estaban fuera de su puesto de trabajo y que habían dejado los teléfonos móviles.

Los veterinarios tienen el cometido de llevar a cabo el análisis de los productos en este tipo de empresas cárnicas y en todas aquellas por las que pasan o se producen alimentos. Desde el Colegio Oficial de Veterinarios de Cáceres prefirieron no hacer declaraciones acerca de un tema que está aún siendo investigado y bajo secreto.

El código penal establece la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria de tres a seis años para los distribuidores o comerciantes que pongan en peligro la salud de los consumidores ofreciendo productos alimentarios con omisión o alteración de los requisitos establecidos en las leyes o reglamentos o traficando con género corrompido.

El caso permanece bajo secreto de sumario, una medida que suele establecerse cuando el asunto es grave o cuando no se quiere dar publicidad a las medidas adoptadas para que la investigación pueda seguir su curso sin modificar las condiciones la motivaron.