Fernández Vara propone cambiar la ley de contratos para compensar el aumento de costes
El presidente extremeño anuncia que la Junta reformará la norma autonómica si no se modifica la regulación nacional
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha pedido la modificación de la ley nacional para poder compensar el aumento de costes que están sufriendo las empresas adjudicatarias de contratos públicos.
El mandatario extremeño ha afirmado que el Gobierno ya está estudiando esa medida y que el Ejecutivo autonómico ha enviado varias propuestas. Pero ha añadido que, en caso de que no se produzca ese cambio en los próximos meses, se estudiaría la modificación de la normativa regional.
Fernández Vara ha respondido en el pleno de hoy en la Asamblea a una pregunta del portavoz de Ciudadanos, David Salazar, quien ha pedido medidas para compensar a las empresas por el alza del precio de los suministros básicos como la electricidad y el combustible y también por el encarecimiento de las materias primas.
Según ha indicado, «es un problema muy importante para todos aquellos que contraten con la Administración», ya que el aumento de costes les puede llevar a sufrir pérdidas y en algunos casos «están teniendo que renunciar a contratos».
Salazar se ha hecho eco de una información recogida por HOY sobre una petición de la patronal extremeña de la construcción, que reclama la revisión de precios debido a que los materiales se han encarecido un 22,2% entre enero y junio de este año, lo mismo que entre 2007 y 2020.
Fernández Vara ha explicado que en algunos concursos se recogen cláusulas de revisión automática, aunque ha reconocido que es excepcional. Por ese motivo, en el resto de casos se estudia la situación a la espera de que el Gobierno modifique la ley de contratos para permitir esa medida «cuando se producen situaciones excepcionales como la que se está produciendo en estos momentos».
«Si eso no ocurriera, ya le adelanto que lo haríamos nosotros», para lo que espera contar con la participación de los grupos parlamentarios. Entre otras cuestiones, propone revisar el índice de temeridad, ya que hay contratos en los que no se produce baja temeraria (cuando una empresa ofrece un coste mucho más bajo que el resto) debido a que todas reducen los precios. En esos casos, se fijaría un tope.
