La empresa de la mina de litio de Cáceres, a sus accionistas: «Ha sido un año frustrante»

Uno de esos recortes, anunciado este jueves, afecta directamente a la estructura de Extremadura New Energies (ENE), la filial española que gestiona el proyecto de Valdeflores. Su hasta ahora director general, Ramón Jiménez, pasa a ocupar un puesto de «director no ejecutivo» en Infinity Metals, mientras que su cargo en ENE es asumido por Adrian Byass. Por su parte, el hasta ahora director del proyecto, David Valls, renuncia a su puesto a tiempo completo y firmará un nuevo contrato como consultor externo de la compañía.

Se trata de un movimiento en sentido contrario al que se dio en septiembre del año pasado cuando, junto con el anuncio de un plan de recortes presupuestarios, se decidió «concentrar en España todo el peso de la gestión del proyecto de extracción y primera transformación de litio ubicado en Cáceres», con Ramón Jiménez como directivo de máxima responsabilidad.

Infinity Metals ha explicado este jueves en una comunicación a la bolsa australiana que esta restructuración viene motivada por «una menor carga de trabajo mientras las autoridades regionales procesan el considerable volumen de información presentada».

Se refiere a la documentación adicional que, como informó HOY la semana pasada, la empresa acaba de registrar en la Junta de Extremadura para responder al requerimiento que le hizo el gobierno autonómico el pasado mes de enero. En él se pedía más información sobre asuntos como los datos financieros del proyecto, su viabilidad económica e información sobre los cambios en el consejo de administración. Además, se solicitaba la repetición en laboratorios certificados en España de todas las pruebas metalúrgicas sobre el procesado de hidróxido de litio, en las que se basa la viabilidad técnica del proyecto.

Infinity ya ha hecho público que no ha llevado a cabo esa repetición de las pruebas realizadas originalmente en laboratorios de Alemania y Australia. Según consta en el comunicado de este jueves, considera que la nueva información registrada ahora, junto a los resultados de las pruebas metalúrgicas que ya presentó en su momento, «es suficiente para que el proyecto avance hacia la consulta pública«.

La empresa advierte, no obstante, de que «al operar bajo los plazos establecidos por las autoridades españolas, no tiene certeza sobre la velocidad con la que se aprobarán los permisos». Apunta también que «debido a impedimentos de terceros (no imputables a la compañía) para acceder al proyecto y obtener muestras de perforación adicionales para repetir las pruebas matalúrgicas, un componente del trabajo solicitado no será posible hasta que se hayan eliminado dichos impedimentos».

Esta comunicación a la bolsa australiana ha sido recibida con una subida del 18,7% en el precio de las acciones de Infinity Metals.

Por su parte, en la carta a los accionistas de septiembre, el presidente ejecutivo de la empresa recuerda que a lo largo del último año han diversificado sus activos con la compra de derechos de yacimientos de oro y plata en Australia.

En lo que respecta su proyecto en Cáceres, Adrian Byass resalta que «el mercado del litio se mantiene en un periodo de precios deprimidos y de interés inversor bajo», lo cual «ha reducido la disponibilidad actual de capital para proyectos de litio». Pese a todo, asegura que siguen «trabajando de forma constructiva con la autoridad regional para avanzar en proyecto y, en última instancia, reivindicar algún reconocimiento por la por la considerable inversión realizada hasta la fecha en el proyecto San José. La empresa ha cifrado en unos 20 millones de euros la cantidad ya invertida. No aclara qué tipo de "reconocimiento" pediría en caso de carpetazo al proyecto, ni si eso implicaría la presentación de una demanda judicial.

En su carta, el presidente ejecutivo advierte de hecho a los accionistas de que, si bien la empresa ve «suficiente y viable» la documentación adicional presentada en la Junta de Extremadura, «existe la posibilidad de que el gobierno regional considere injustificadas nuevas prórrogas», con lo cual admite que «la compañía perdería la solicitud de licencia minera y volvería a una solicitud prioritaria de permiso de exploración si deseara reiniciar el proceso». Eso, indica Adrian Byass, «podría causar un retraso de varios meses o incluso años».