Condenan a dos años de cárcel a un ganadero por explotar y mantener en condiciones infrahumanas a dos inmigrantes marroquíes
La defensa del acusado, que reconoce los hechos, señala que el empresario no tenía intención «de aprovecharse de ellos»
Trabajaron durante un mes sin contrato, se vieron obligados a convivir con los cerdos, dormir en el suelo sin agua ni calefacción, trabajar sin descanso ... recoger a mano y sin guantes los excrementos de los animales, entre otras cosas. Esa fue la situación que sufrieron dos inmigrantes marroquíes cuyo jefe ha sido condenado este jueves por la Audiencia Provincial a dos años de prisión y una multa por dos delitos contra los derechos de los trabajadores por imposición de condiciones ilegales y contra la seguridad en el ámbito laboral.
Esta pena, que evita que el acusado entre en la cárcel, ya que se suspende durante cinco años la pena de prisión bajo la condición de que abone la multa, se ha impuesto en virtud de un acuerdo de conformidad que reduce considerablemente la petición de la Fiscalía Provincial de Cáceres y de la acusación particular. «Vivían en condiciones infrahumanas sin medidas de prevención de riesgos», señaló ayer el abogado de los dos trabajadores, Iván Serda Calvo, que señaló que las condiciones que enfrentaron estas dos personas solo se aceptan cuando hay mucha necesidad. «No es que no tengan un contrato de trabajo, es que vivían en un contenedor de obra, sin luz, sin agua y sin ventilación, evidentemente se estaban aprovechando».
Juan José Collado, abogado de la defensa, señalaba ayer que el ganadero condenado reconoce los hechos, pero «no había la intención de aprovecharse de ellos». El letrado dijo sentirse satisfecho por el acuerdo.
Según consta en las conclusiones provisionales de la Fiscalía, en septiembre y octubre de 2023 el acusado era titular y administrador único de esta empresa ganadera dedicada a la cría de ganado porcino, que contaba con una finca rústica en la provincia de Cáceres. Tras el cese de uno de sus trabajadores, y «a sabiendas de su precaria situación personal y económica», contrató de forma verbal a dos inmigrantes marroquíes sin papeles para que se ocuparan de las labores de cuidado y cría del ganado durante al menos el mes de octubre. Les prometió un sueldo mensual de 700 euros para cada uno (en esa época el salario mínimo era de 1.080 euros) y el uso gratuito de una vivienda en el pueblo.
Sin embargo, siempre según el relato de la Fiscalía, las condiciones reales fueron muy distintas. En primer lugar, empezaron a trabajar sin autorización administrativa, ni contrato, ni alta en la Seguridad Social. Además, uno de ellos solo recibió por el trabajo del mes 250 euros y el otro 150, y nunca se les facilitó el alojamiento.
La consecuencia de este incumplimiento fue que los dos trabajadores se vieron obligados a ocupar un contenedor de obra sin muebles ni ventanas ubicado en la propia finca, donde no tenían luz eléctrica ni ningún tipo de calefacción, ni tampoco ducha ni aseos de ninguna clase. Tan solo disponían de un punto de agua que compartían con los animales de la explotación.
Al no contar con una cocina, calentaban la comida en el comedero de los cerdos con la leña que podían recoger en la propia finca y dormían en el suelo. Además, trabajaban siete días a la semana, «sin horario y todo el tiempo que fuera necesario, tanto de día como de noche y sin disfrutar de ningún tipo de descanso semanal».
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