Condenados un padre y sus tres hijos a derribar construcciones ilegales

cáceres. Cuatro meses es el plazo que ha dado la Audiencia Provincial de Cáceres a un padre y sus tres hijos para que derriben unas edificaciones que construyeron ilegalmente en su finca del término municipal de Valdastillas, localidad situada en el Valle del Jerte a 24 kilómetros de Plasencia. La sentencia es firme, de modo que no cabe recurso.

La Audiencia ha confirmado una sentencia del Juzgado de lo Penal de Plasencia que condenó a cada uno de los miembros de esta familia a un año y dos meses de prisión como autores criminalmente responsables de un delito contra la ordenación del territorio, en su modalidad de promotores y constructores de obras no legalizables en suelo no urbanizable. También condena a cada uno a pagar una multa de 4.500 euros, y a un año y nueve meses de inhabilitación especial para cualquier oficio que tenga que ver con labores relacionadas con la construcción.

El padre y los hijos son propietarios de una finca rústica de Valdastillas con una superficie de 3.095 metros cuadrados. El tribunal establece en su sentencia que, sin solicitar ni obtener la necesaria licencia, promovieron y construyeron entre los años 2007 y 2014 varias edificaciones. Levantaron una vivienda de unos 125 metros cuadrados con varias estancias, baño y fosa séptica. También hicieron tres casetas con chapa galvanizada y con los tejados de chapa «tipo sandwich'.

En el año 2011 los ahora condenados presentaron en el Ayuntamiento de Valdastillas una solicitud de legalización de las obras, que fue denegada, pese a lo cual siguieron construyendo. En 2014 el Consistorio ordenó parar los trabajos, ya que en ese suelo solo se permiten construcciones para uso agrícola, ganadero o forestal para pequeños almacenes de materiales, y ninguno de los cuatro condenados tiene la consideración de ganadero o agricultor, ni se ha acreditad que las edificaciones fueran para esos usos.

La Audiencia señala además que el coste de la demolición es de 12.610 euros. Los condenados tendrán que aportar esa cantidad en el caso de que no lleven a cabo el derribo.