Absueltas las tres trabajadoras de una residencia de Valencia de Alcántara acusadas de maltratar a ancianos

La Fiscalía presentó acusación contra estas tres trabajadoras por presuntos delitos contra la integridad moral y abandono de personas con discapacidad, además de omisión del deber de promover la persecución de delitos, tras recibir una denuncia por parte de un antiguo responsable de la residencia. En ella se aseguraba que había usuarios que se habían acostado sin cenar, que habían recibido manotazos y que no eran atendidos debidamente en su aseo personal al no cambiarles los pañales, entre otras vejaciones.

El juez considera probado que una de las auxiliares denunciadas, en una fecha sin determinar pero anterior a junio de 2023, «en alguna oportunidad» en la que un interno que padece un déficit de inteligencia se negaba a entregarle el mando a distancia de la tele, le llamó «gordo» y le decía que iba a llamar a su hermano para devolverle a la finca donde había vivido, lo que hacía que el usuario se enojase. También en una ocasión en la que estaba aseando a una residente con deterioro cognitivo, «aproximó la esponja a la boca de dicha usuaria hasta el punto de que sobre la comisura de los labios de la misma se quedaron restos de dicho elemento de ducha, pero sin que haya quedado acreditado si ello fue debido a que en un arrebato de agresividad la mujer le diese una dentellada a la esponja o si lo fue porque la acusada le tapó la boca con ella para que no gritase».

No considera en cambio acreditado que esta trabajadora tirase a la usuaria de los pelos o la hubiera golpeado, ni que hubiera agredido a otra interna con deterioro cognitivo, como aseguraba la denuncia.

Respecto a la otra auxiliar acusada, la sentencia no considera demostrado que en los turnos en los que estas dos trabajadoras coincidían ambas no dispensasen a los residentes los cuidados oportunos, en concreto «que no les cambiasen los pañales cuando procedía o que les retirasen la cena o directamente no se la suministrasen para poder acostarlos antes», ni tampoco que golpearan a una usuaria.

Sobre la directora de la residencia, el juez entiende como acreditado que «redactó una especie de nota de servicio» dirigida a los cuidadores del centro, en la que les instaba a que cumpliesen correctamente sus tareas porque se habían observado «fallos u omisiones». Sin embargo, no considera demostrado «que lo que se expresaba en ese texto se refiriese a comportamientos concretos observados respecto a las acusadas, al tratarse más bien de una llamada de atención general en pro del buen servicio a los residentes».

En su argumentación, el juez señala lo «deplorable, deleznable y censurable de cualquier comportamiento que atente contra las personas más vulnerables de nuestra sociedad», y necesidad de «no escatimar ni un solo esfuerzo» para descubrirlos y castigarlos. No obstante, recuerda que la imposición de penas «no puede asentarse en cábalas, conjeturas, suposiciones y, no se diga ya, habladurías», sino que debe sustentarse sobre pruebas fehacientes que, este caso, no existen. Por todo ello, absuelve a las tres acusadas de todos los cargos. La sentencia no es firme y se puede recurrir ante la Audiencia Provincial de Cáceres.

Tras conocerse esta sentencia, la sección de sindical de UGT en el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara ha recordado mediante un escrito en su perfil de Facebook que ya en febrero de 2023 se difundió la noticia de que el exdirector de la residencia San Pedro de Alcántara –condenado en 2021 a dos años y medio de cárcel por acceder al ordenador de una trabajadora y realizar funciones de enfermero sin tener titulación– había presentado una denuncia contra cinco trabajadoras ante la Fiscalía, la Diputación de Cáceres, el Teléfono del Mayor y el Sepad. Todos los expedientes abiertos como consecuencia de esa denuncia, según UGT, fueron archivados al no observarse indicios de irregularidades. Sin embargo, se volvió a presentar una denuncia ante la Fiscalía, tras la que se inició el procedimiento judicial sobre el que ahora ha emitido sentencia absolutoria el Juzgado de lo Penal número 1 de Cáceres.

El sindicato critica el «acoso continuado durante años» que han sufrido las trabajadoras ahora absuelta por parte los denunciantes, y acusa al Ayuntamiento de haber actuado «como cómplice pasivo de situaciones intolerables». Exige «medidas disciplinarias y cautelares hacia las personas que impulsaron esta campaña de difamación, injurias y calumnias».