Estafa por internet

Tres años de prisión por estafar 225.000 euros en ventas por Internet

Los hechos tuvieron lugar entre febrero y junio de 2020, justo al inicio de la pandemia, un período convulso en el que el procesado se aprovechó del rápido crecimiento que tuvo la venta 'online' para generar en muy poco tiempo ganancias elevadas.

El acusado, cuya identidad responde a las iniciales A.F.S.D., asumió el 29 de enero de 2020 la totalidad de las acciones de una entidad mercantil de la que era su socio único. Con posterioridad convino con una entidad bancaria de la ciudad de Badajoz un servicio de gestión de medios de pago 'online' para dar cobertura a las operaciones.

Fruto de ese acuerdo, la entidad bancaria facilitaba su plataforma para que los clientes pudieran realizar los pagos de una forma segura. De ese modo, la página web potenciaba su presencia en el mercado virtual al contar con una plataforma de pago de prestigio. A cambio, el banco se quedaba con una comisión de todos los pagos que se realizaran. El objetivo era facilitar la venta de productos tecnológicos, un negocio que entre el 27 de febrero y el 6 de junio de 2020 generó un movimiento de 872.852 euros.

Esa era la cantidad que los clientes ingresaron en la plataforma de pago por los artículos adquiridos. Pero el problema surgió cuando comprobaron que los productos no llegaban a su destino. En varios foros de Internet se explica que cuando comenzaron a surgir las primeras sospechas, desde esta empresa con sede social en Badajoz se les indicaba que los envíos acumulaban un cierto retraso porque en esos momentos estaba vigente el estado de alarma.

En la plataforma creada por el banco para darles servicio llegó a haber un reflejo contable por un valor teórico de 872.852 euros, lo que unido a la interposición de una sociedad radicada primero en Mérida y después en Badajoz, con sede abierta, daba apariencia de solvencia y credibilidad empresarial.

Eso permitió al empresario retirar de la plataforma de pago parte del dinero, teóricamente para pagar a los proveedores. Para ello, realizó de modo recurrente transferencias de dinero a otras cuentas que controlaba en Portugal y en otra entidad bancaria Española. Al mismo tiempo, muchos de los compradores comenzaron a realizar las devoluciones y a recuperar el dinero, creándose en la plataforma un descubierto de 225.165,23 euros que tuvo que ser asumido por la entidad bancaria.

En la sentencia de conformidad se concluye que los hechos suponen un delito de estafa para el que se imponen tres años de cárcel y el pago de una multa de 900 euros. Además, el condenado debe indemnizar a Caixabank y Comercial Global Payments con 225.165 euros.