El caso Gallardo vuelve a la casilla de salida

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha descartado esta semana su competencia para juzgar a Miguel Ángel Gallardo al apuntar que pudo existir «fraude de ley» en la operación que desarrolló para convertirse en diputado regional y por tanto en aforado. Así que ha devuelto la causa a la titular del juzgado de Instrucción número 3, Beatriz Biedma y, con ello, el procedimiento judicial tiene distintas pantallas abiertas que llevan a la casilla de salida.

Justo antes de que el TSJEx se pronunciara, Gallardo presentó un incidente de nulidad de la apertura de juicio oral a la jueza Biedma un día después de convertirse en diputado. El argumento es, precisamente, que ese auto que abría juicio oral se produjo cuando ya era aforado y por tanto la titular del Juzgado de Instrucción número 3 no tenía competencia para ello. Le solicitaba que declarase sin efecto la apertura de juicio oral acordada.

Pero ahora que el TSJEx ha tumbado su aforamiento, el abogado de Gallardo tiene dos opciones: dar por válida esa petición y seguir adelante con el incidente de nulidad o, por el contrario y lo más previsible: desistir de un escrito en el que, además, se mostraba muy duro con la jueza que debe resolverlo.

Decía, entre otras cosas, que el auto recoge reflexiones que resultan «harto inapropiadas en una resolución judicial» y mostraba su «extrañeza» por el uso de conceptos como «ejemplaridad o buen gobernante que reconocen extraídos de la filosofía clásica». «Se nos antoja francamente desafortunado, además de entrañar un juicio de valor incompatible con la imparcialidad -y apariencia de ella- que debe acompañar toda labor jurisdiccional».

De los once imputados, el secretario general del PSOE es el único que ha ido contra esa decisión de la jueza de abrir juicio oral. Los autos que sientan en el banquillo no son recurribles y solo permiten un incidente de nulidad ante el mismo juez que ha firmado el auto, que es lo que ha hecho Gallardo.

La decisión a la que todos los imputados sí podían presentar recursos, y de hecho, así lo han lo han hecho varios, es el auto anterior a la apertura de juicio oral. Se trata del que transformaba la instrucción en procedimiento abreviado. Algunos investigados lo presentaron ante la jueza y otros, directamente, ante la Audiencia Provincial.

La jueza desestimó todos los que llegaron a su despacho, pero la Audiencia Provincial ni ha decidido ni ha marcado aún una fecha para resolverlos porque todavía está recibiendo recursos. En una providencia ya indicó que unificaría la respuesta en un único auto.

Hasta ahora, todas las decisiones de la Audiencia sobre esta causa han respaldado la actuación de la jueza Biedma. Pero eso no quiere decir que no pueda mostrarse en contra ahora.

El auto del TSJEx que tumba el aforamiento de Miguel Ángel Gallardo solo se refiere al aforamiento. Esto es, no entra a valorar si la credencial como diputado del secretario general del PSOE extremeño es legal o no.

Ha sido la asociación Liberum la que ha iniciado una pieza separada para que el TSJEx tome cartas también en este asunto. Lo hizo nada más saberse que la junta electoral central había remitido la credencial a la Asamblea. Entonces pidió que, como medida cautelar, suspendiera la toma de posesión del escaño. Pero Gallardo formalizó ese paso y la Audiencia aún no se ha pronunciado sobre ello.

Como el TSJEx apunta que pudo existir 'fraude de ley' en la operación para convertirle en diputado, la asociación Liberum pide ahora a la sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal extremeño que suspenda su nombramiento como diputado.

El grupo parlamentario Vox, que al igual que Liberum es una de las siete acusaciones populares, también lo ha solicitado. Pero en lugar de acudir a la vía judicial, registrará un escrito en la Mesa de la Asamblea para pedir la nulidad del juramento de Gallardo como diputado. El PP, por su parte, también le ha exigido dejar el escaño.

El fondo del asunto judicial siempre ha sido si la Diputación de Badajoz amañó o no el proceso de selección del coordinador de actividades musicales de los conservatorios para el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez (Azagra). Pero al convertirse en diputado y, por tanto en aforado, se produjo una distracción con qué órgano debía juzgar a Gallardo y, por tanto, examinaría la causa respecto a los otros diez investigados. También al hermano del presidente.

Pero, una vez que ha vuelto la causa a la mesa de la jueza Biedma, y pendiente también de los recursos de la Audiencia, el foco se aparta del aforamiento para centrarse de nuevo en el contrato al hermano del presidente del Gobierno. El caso vuelve así a la casilla de salida.