Un preso agrede a dos funcionarios con una muleta en la cárcel de Badajoz

Un preso agrede a dos funcionarios con una muleta en la cárcel de Badajoz

Los sindicatos piden que se considere agentes de la autoridad a los trabajadores de prisiones para que no se repitan hechos como el ocurrido en la prisión pacense

Álvaro Rubio
ÁLVARO RUBIOCáceres

Sucedió a la una de la madrugada de este pasado lunes, 24 de junio, en una celda del centro penitenciario de Badajoz. Un preso agredió con su muleta a su hermano, con el que compartía habitáculo. Seguidamente varios funcionarios acudieron ante la llamada de socorro para acompañarles a la enfermería con el objetivo de que el médico de guardia les atendiera. Una vez allí, uno de los reclusos comenzó a insultar y amenazar a los trabajadores, a los que acabó golpeando.

Los dos funcionarios agredidos han necesitado atención de los servicios médicos. Uno presenta magulladuras en los dedos y la muñeca derecha, mientras que el otro ha sufrido lesiones en el costado y en las costillas por los golpes recibidos.

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) consideran «inaceptable» esta situación y piden que consideren a los trabajadores agentes de la autoridad. «Cuando se dan estas situaciones sólo hay sanción administrativa y no se considera delito. Si se reformara eso los presos que agredan a un funcionario de prisiones se enfrentarían a una pena de hasta cuatro años de cárcel», detalla Alonso Torres, presidente del sector de la Administración General del Estado del CSIF en Extremadura.

Además, reclaman la aplicación de un protocolo que minimice incidencias y piden formación adecuada a los trabajadores que se enfrentan a internos peligrosos.

Ataques en el último año

En el último año se han producido al menos cuatro agresiones entre los centros penitenciarios de Cáceres y Badajoz. En toda España se produjeron más de 200 y desde 2010 se han contabilizado 3.209 ataques. De ellos 1.511 tuvieron como resultado una lesión y 89 fueron graves o muy graves.

«Esto significa que cada mañana los trabajadores van a su centro sabiendo que uno de ellos sufrirá un ataque de un preso», lamenta Torres, que alude a lesiones graves y habla de puñetazos, mordiscos, cabezazos, lanzamiento de objetos o pinchazos con artilugios punzantes que los presos fabrican de manera rudimentaria en sus celdas.

Los sindicatos explican que los empleados públicos de las prisiones de Extremadura viven una situación de urgencia por el déficit y el envejecimiento de las plantillas. Según CSIF, en la región trabajan medio millar de funcionarios, lo que supone que en Badajoz se necesitarían 100 empleados más y en Cáceres unos cuarenta.

Torres apunta a que uno de cada diez trabajadores tiene más de 60 años y más de la mitad ronda los cincuenta y se enfrentan en muchas ocasiones a internos en una situación de clara desigualdad por edad y condiciones físicas. «Hay compañeros que acuden con miedo a trabajar», añade Torres.

A sus peticiones se suma la equiparación salarial. Critican que en Extremadura hay funcionarios de prisiones que cobran entre 6.000 y 21.000 euros anuales menos que los de otras comunidades autónomas.

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