La Fiscalía pide dos años de prisión para los acusados de no dar de alta a 13 chicas de alterne del Club Halloween

La Fiscalía de Badajoz va a pedir la ejecución inmediata del fallo que ordena clausurar durante dos años el Club Halloween, un local de alterne que funciona en la barriada de Llera. Esta petición la formula tras conocer el auto del Tribunal Supremo que hace firme la condena impuesta en octubre pasado al administrador de este establecimiento por no dar de alta a las «camareras de alterne» que allí trabajaban.

Aquella sentencia puso fin al procedimiento que se inició cuando la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social realizó por sorpresa una visita al local el 29 de mayo de 2015. La inspección detectó que la empresa que explotaba el negocio, 'Extremadura Travelblanc S. L.', solo tenía dados de alta a cuatro varones a pesar de que había otras once mujeres extranjeras que trabajaban como «camareras de alterne».

El administrador único del negocio, José Antonio G. G., fue encontrado culpable de un delito contra los derechos de los trabajadores y la Seguridad Social agravado por el hecho de que el número de empleados sin dar de alta superaba el 50% de la plantilla. Por este motivo le impuso año y medio de prisión y una multa de 3.400 euros. Aquel fallo contemplaba una pena accesoria que obligaba a la suspensión de actividades y clausura del local dos años.

La sentencia fue recurrida por el condenado ante el Tribunal Supremo, pero su recurso de casación no ha sido admitido por lo que el fallo ya es firme. La notificación de ese auto se ha realizado durante los últimos días y la Fiscalía ha decidido solicitar la inmediata ejecución de un fallo que conllevaría la clausura de este club de alterne. La decisión está ahora en manos de la Audiencia Provincial de Badajoz.

El fallo que contempla el cierre del establecimiento fue fundamentado en el informe que realizaron los inspectores de trabajo. En ese documento se indicaba que las chicas les contaron que trabajaban en el club de las seis de la tarde a las cinco de la madrugada, recibiendo como pago 10 euros (el 50% del importe) por cada consumición que realizaban los clientes a los que captaban.

En el juicio hubo alguna camarera que reconoció haber trabajado en esas condiciones. Otras lo negaron al asegurar que iban al club de forma voluntaria, con libertad de horarios y sin recibir instrucción alguna.

El tribunal de la Audiencia consideró probado el delito y condenó al administrador de la empresa, pero exculpó a otros dos trabajadores que habían sido acusados de los mismos hechos. La Fiscalía consideraba que uno de ellos ejercía como encargado mientras que el otro acompañaba a las chicas que se alojaban en el local, pero la Audiencia los absolvió porque sus funciones eran meramente laborales y se limitaban a controlar «el funcionamiento diario del local, abrir y cerrar, atender a los proveedores y clientes, limpieza, seguridad y labores afines».

Uno de los trabajadores absueltos en aquel juicio volvió a sentarse ayer en el banquillo de la Audiencia por una acusación similar. En esta ocasión estaba acompañado del empresario que se hizo cargo del club cuando dejó de explotarlo José Antonio G. G. Contra ambos pesaba la acusación de haber cometido un nuevo delito contra los trabajadores.

En este caso son acusados de no dar de alta a 14 mujeres que trabajaban «como camareras de alterne» captando clientes varones para que consumieran bebidas en el local. Tres de las chicas ya habían sido identificadas como trabajadoras en la inspección realizada en el club en 2015.

La presencia de estas supuestas empleadas fue detectada durante una nueva inspección hecha el 11 de octubre de 2017 a las 22.30 horas. Ese día los inspectores se entrevistaron con 14 chicas que vestían de forma muy sugerente y todas les confirmaron que recibían el 50% del importe de las copas.

Los inspectores dijeron ayer que apreciaron una relación laboral, puesto que las chicas aportaban exclusivamente «su habilidad para captar clientes» mientras que el negocio facilitaba todo el material necesario para que pudiese desarrollarse esa actividad, incluido el comedor con cocina en el que comían y las habitaciones en las que dormían.

La Fiscalía intentó demostrar que tenían un horario de trabajo coincidente con el del local y que estaban a las órdenes de los encausados, acusación que fue rechazada por los procesados.

El empresario acusado, administrador la empresa Salas Extremeñas S.C., reconoció ser el encargado de administrar el club y de contratar al personal, pero negó que esas 14 chicas tuvieran relación laboral. «Eran simples clientas que se pagaban las copas que consumían», aseguró.

El fiscal recordó que las mujeres dijeron a los inspectores que recibían el 50% del importe de las copas y que algunas de ellas contaron que se alojaban en el local pagando por la estancia 20 euros diarios, una cantidad que solo abonaban si bajaban a trabajar en la sala.

«Eso no es así», respondió el administrador. Según dijo, en club no hay habitaciones, sino «camerinos», y en ningún caso las chicas cobraban la mitad de las consumiciones. «Iban cuando querían, no había horario», aseguró antes de negar que el negocio tuviese comedor.

Tras él declaró J. M. E. P., el hombre al que la Fiscalía considera encargado del local. Ante el tribunal dijo que él solo era uno de los camareros y que no tenía responsabilidad en las contrataciones. «Cobro exactamente igual que el otro camarero», afirmó antes de insistir en que las 14 mujeres solo eran clientas.

Tres de las chicas identificadas como trabajadoras declararon ayer. Todas negaron haber cobrado el 50% de las copas, incluida la que había sido propuesta como testigo por el Ministerio Fiscal. También rechazaron tener horario de trabajo y negaron una relación laboral.

Tras la vista, la Fiscalía mantiene su petición de dos años de prisión para cada uno de los acusados mientras que la letrada de la Tesorería General de la Seguridad Social eleva la petición a dos años y dos meses. Ambas acusaciones proponen el cese de actividades de la empresa y el cierre del club durante tres años. Por su parte, el abogado de la defensa pide la absolución por entender que no existen pruebas de cargo.