Caso Azagra / Hermano del presidente del Gobierno

Una defensa pide que testifiquen cuatro funcionarios más de la Diputación de Badajoz en el juicio al hermano del presidente

Es el primer escrito que recibe el juzgado de Instrucción número 3 de los abogados, después de que la Audiencia Provincial de Badajoz respaldara a su titular, Beatriz Biedma, y apoyara la celebración de juicio oral para determinar si se cometieron posibles delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias en el contrato a David Sánchez Pérez-Castejón, que se hace llamar Azagra en el mundo musical, y su posterior desarrollo de funciones hasta su dimisión en febrero de este año.

Juana Cintas era directora del área de Recursos Humanos de la institución provincial entre 2016 y 2023, un intervalo que incluye el momento en que el puesto inicial de coordinador de actividades musicales mutó en jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Para la jueza, se trata de un indicio de que la institución acomodó el desempeño de David Sánchez a sus preferencias personales.

El abogado de Juana Cintas, Pedro del Pino, ha presentado un escrito en el que aporta otras dos fichas de puestos de trabajo que se modificaron sin que existiera concurso público y, además, anuncia un informe pericial sobre tramitación administrativa y de recursos humanos encargado a Xavier Boltaina Bosch, profesor de Derecho del Trabajo en la Universitat Oberta de Cataluña.

Pedro del Pino defiende que «es absolutamente incierto que la Sra. Calderón Zazo colaborara activamente en dar apariencia de legalidad formal a ninguna ilegalidad en el denominado cambio de nomenclatura del puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios a Jefe de la Oficina de Artes Escénicas».

Además, argumenta que el expediente administrativo de modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) del ejercicio 2023 incluyó otras dos modificaciones de jefaturas de oficinas que se sumaron a la de Artes Escénicas. Son las de Promoción Turística y de Procesos y Evaluación de Políticas, cuya documentación aporta el abogado. Las tres fichas descriptivas, indica la defensa, respondían al mismo modelo.

Con todo esto quiere demostrar que Cintas no cometió ninguna ilegalidad, por lo que pide su absolución. «Los hechos descritos no son legalmente constitutivos de delito alguno», insiste. También solicita que se le impongan las costas al acusador popular. Como es sabido, la primera asociación en denunciar fue Manos Limpias y posteriormente se fueron sumando otras organizaciones como Hazte Oír, Abogados Cristianos, Liberum, Iustitia Europa, Vox y PP.

El abogado solicita también la testifical de otros cuatro funcionarios de la institución provincial que no han declarado hasta el momento. Son Francisco Flores Galván, jefe de Negociado de Coordinación, aplicativos RR.HH. y RPT del Área de RRHH y Régimen Interior, que intervino en la preparación del expediente administrativo de la modificación de la RPT; María Jesús Bernáldez Adame, jefa de Negociado de Control e Inspección del Área de RRHH y Régimen Interior, quien en su cometido diario lleva a cabo la gestión del aplicativo informático de control horario del personal funcionario y laboral dela institución provincial; Inmaculada López Bueno, funcionaria con destino en el Área de Presidencia y Relaciones Institucionales, que colaboró en la preparación del expediente administrativo de la modificación de la RPT del ejercicio 2023 y Cristina Correa Cruz, que ha desempeñado en los últimos tiempos la dirección del área de RRHH y Régimen Interior y es autora de diferentes informes que obran en el procedimiento.

Estos cuatro testigos se sumarán a los que ya declararon durante la instrucción, y de los que la defensa recupera siete. Entre ellos, los secretarios generales y el interventor, o quien ha sido el último director del área de Presidencia, Julián Expósito.

El resto de abogados de defensa deben presentar sus escritos hasta finales de mes. Además de Juana Cintas, a la que corresponde este escrito de defensa ya desgranado y que además de funcionaria provincial es primera teniente de alcalde en Olivenza, se suman otros diez imputados. El expresidente de la Diputación y actual secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y el hermano del presidente, David Sánchez, se encuentran entre ellos. También el que fuera colaborador de este último, Luis Carrero, y otros políticos y trabajadores de la institución provincial.