Cuatro años y tres meses de cárcel por robar joyas en la casa donde trabajaba en Badajoz

La acusada durante el juicio que se celebró en la Audiencia Provincial de Badajoz. :/HOY
La acusada durante el juicio que se celebró en la Audiencia Provincial de Badajoz. : / HOY

La empleada de hogar realizó las sustracciones aprovechando que tenía toda la confianza de la mujer de 75 años a la que cuidaba

Evaristo Fdez. de Vega
EVARISTO FDEZ. DE VEGABadajoz

La Audiencia Provincial ha impuesto una condena de 4 años y 3 meses de prisión a una empleada de hogar que fue acusada de sustraer joyas y dinero a la mujer de 75 años a la que cuidó durante cuatro años en la ciudad de Badajoz.

En la sentencia no queda probado que fuese ella quien se apoderó de todos los bienes que desaparecieron del domicilio de la víctima, pero sí se la hace responsable de la sustracción de las joyas que fueron vendidas en distintas casas de compra-venta de oro durante los años en los que se cometió el delito.

El fallo confirma que Patricia P. C. trabajó entre 2012 y abril de 2016 en el domicilio de esta mujer, que sufría una enfermedad pulmonar que le exigía estar acompañada.

Esa función era desarrollada por la ahora condenada, que tenía las llaves de su dormitorio y accedía a todas las dependencias de la casa. Incluso realizaba gestiones bancarias en su nombre dado que gozaba de la confianza de su empleadora y también de sus hijas, representadas en este caso por el letrado Jenaro García Fernández.

Prevaliéndose de esa cercanía, entre 2014 y 2016 se fue apoderando de diversas joyas que vendió en dos casas de compraventa de oro de Badajoz. Una de las ventas fue por valor de 500 euros, otra por 550, y las restantes por 1.300, 1.900, 705, 99 y 1.415. En total, 7.174 euros.

En la sentencia se explica que algunas de las alhajas las obtuvo aprovechando los descuidos de la señora, mientras que otras las sacó de una caja fuerte alojada en el armario del dormitorio. Para ello tuvo que utilizar las llaves de la alcoba y de la caja fuerte, que siempre estaban en el bolso de la víctima.

El tribunal concluye que obró de ese modo sin levantar sospechas dada la confianza que tenían en ella. Igualmente aprovechó los ingresos hospitalarios de la jubilada para actuar sin ser descubierta.

Pruebas indiciarias

El tribunal explica que aunque no existe ninguna prueba directa de cargo, en el juicio sí se pusieron en evidencia hasta ocho indicios distintos. Entre ellos, que la acusada tenía acceso a las llaves de la vivienda, una circunstancia clave a la hora de cometer los robos.

Otro de los elementos claves ha sido el hecho de que su DNI hubiese sido reseñado en todas las ventas de joyas que fueron realizadas a su nombre en las tiendas de compraventa de oro. En tres casos, además, un perito caligráfico de la Policía Nacional confirmó que la firma que aparecía en las papeletas de venta de joyas se correspondía con la de la acusada.

El tribunal no creyó a Patricia P. C. cuando dijo en el juicio que debió ser una tercera persona la que usó su DNI sin ella saberlo. En este sentido, los responsables de las dos tiendas en las que se vendieron las joyas coincidieron en señalar que resulta imposible que una persona suplante la identidad de otra y emplee su DNI porque «realizan controles exhaustivos de cotejo de firmas y de aspecto entre la persona que quiere vender y el fotograma del DNI».

En todo caso, la sentencia solo considera probado que robó las joyas vendidas con su DNI, rechazando por tanto que también sustrajera tres sobres de dinero de 1.000, 1.300 y 2.200 euros, así como otras joyas que la familia echó en falta. Con respecto a esta parte del botín no se condena a la acusada porque no se tiene constancia de que ella se apoderase del dinero ni tampoco de que vendiese esas alhajasen ninguna casa de compraventa.

Con estos argumentos, la sentencia concluye que existió un delito continuado de robo con fuerza en las cosas en casa habitada en el que concurrió la circunstancia agravante de abuso de confianza, razón por la que se impone una pena de 4 años y 3 meses de prisión y la obligación de indemnizar a la víctima con 30.843 euros. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

El tribunal tiene en cuenta la tasación del perito judicial

El tribunal que ha juzgado este caso ha tenido que decidir también sobre el valor real de las joyas. Para ello escuchó las distintas valoraciones aportadas por un perito judicial, por un joyero de Badajoz contratado por la acusación y una perito propuesto por la defensa. Tras escuchar a los tres, los magistrados han dado validez al informe realizado por el especialista que tasó las joyas por encargo del juzgado, cuya valoración era inferior a la realizada por el joyero contratado por la acusación y por la especialista propuesta por la parte contraria.

Por tanto, se fija la cantidad que debe devolver la condenada en 30.843 euros, una cifra intermedia si se compara con las otras dos tasaciones.