La Audiencia Provincial de Badajoz juzga a dos empleados de banca por una estafa de 200.000 euros

Los tres acusados, ayer en la Audiencia Provincial. :/Pakopí
Los tres acusados, ayer en la Audiencia Provincial. : / Pakopí

Los acusa de firmar pagarés sin fondos y conceder un crédito a la víctima cuando les reclamó el pago del dinero que le adeudaban

Evaristo Fdez. de Vega
EVARISTO FDEZ. DE VEGABadajoz

Un director de banco, un empleado de oficina y su esposa se sentaron ayer en el banquillo de la Audiencia Provincial de Badajoz para responder de una presunta estafa denunciada por un productor de maíz y alfalfa que los acusa de causarle un perjuicio económico superior a los 270.000 euros. El origen está en la venta que realizó el denunciante a un grupo de empresas dedicado a la cría de cochinos con explotaciones en Almendral y Elvas que, según la acusación, era propiedad del matrimonio procesado y de un ganadero ya fallecido.

El perjudicado dijo ayer que le vendió toda su cosecha de maíz en el año 2008 por un importe de 123.000 euros, cantidad que se comprometieron a abonar con varios pagarés que resultaron fallidos.

Esos documentos fueron firmados por A. J. S. L., acusado por la Fiscalía de un delito de estafa continuada para el que la Fiscalía pide seis años de prisión.

Este procesado dijo ayer que aunque la empresa que realizó la compra estaba participada por empresas que había creado él mismo a su nombre y al de su esposa, realmente no eran ellos los responsables sino M. A. G., un ganadero que ya ha fallecido. «Yo le llevaba los papeles de la empresa y hubo un momento en el que él me cedió las participaciones porque no quería figurar en esos negocios. Estaban a mi nombre, pero yo tenía el compromiso de devolvérselas cuando volviese a mi trabajo en la banco».

A. J. S. L. aseguró que él se desvinculó de esos negocios en mayo de 2008, por lo que desconoce cualquier detalle relacionado con la compra de maíz. «En ese momento la propiedad de la empresa era exclusiva de M. A. G., yo no tenía nada que ver».

El Ministerio Público quiso saber por qué fue él quien firmó los pagarés. Su respuesta fue que en diciembre de 2008 lo llamaron de la oficina para decirle que había un señor que se negaba a marcharse si no le entregaban los pagarés. «No localizaban a M. A. G. y como yo tenía firma en ese banco llegué, firmé y me fui. Pero desconocía a qué operación correspondían».

El denunciante negó que hubiese ocurrido así y aseguró que este acusado y el ganadero se encontraban de forma habitual en la oficina de la empresa a la que él vendió el maíz.

También se refirió al tercer procesado, J. C. P. V., quien se enfrenta a una petición de pena de seis años de prisión por estafa continuada.

El perjudicado por la presunta estafa aseguró que él no le habría vendido nunca la cosecha completa de maíz a M. A. G. porque sabía que ese ganadero, al que conocía desde hacía 20 años, no tenía capacidad económica para hacer frente al pago. «Si lo hice fue porque me presentó a sus socios, J. C. P. V y A. J. S. L. En Badajoz todos los que vivimos en el centro nos conocemos, conocemos a las familias... Saber que los tres estaban en el negocio me daba garantías».

También hace responsable civil a la esposa de uno de los acusados y le pide que devuelva el dinero

Con los pagarés en su poder, solicitó a su banco que le adelantara el dinero para hacer frente a los gastos que le iban surgiendo. «Cuando vi que no me pagaban yo me vi agobiado, me reclamaban el dinero, me comían los intereses...».

El denunciante afirmó ante el tribunal que finalmente mantuvo una reunión en la oficina bancaria que dirigía J. C. P. V. para buscar una solución que pasaba por concederle al denunciante un crédito de 87.000 euros. En esa reunión, asegura, también participaron el ganadero ya fallecido y A. J. S. L.. «El crédito me lo dio el banco, yo lo avalaba con mis bienes, pero los tres socios se comprometieron a ir pagándolo. Les pedí que lo firmaran por escrito, pero se negaron. Yo no tenía otra opción, las deudas me asfixiaban».

La existencia de esa reunión la negaron ayer tanto el director de la oficina como el segundo acusado, que cuando ocurrieron los hechos trabajaba como cajero en una sucursal de la provincia. Ambos rechazaron tener relación con la empresa que dejó la deuda insistiendo en que desconocían que esa venta de maíz se había producido.

Responsable civil

La tercera procesada en este caso es M. C. G. Q., esposa de A. J. S. L.. Esta mujer era apoderada de una de las empresas a las que se reclama el dinero, pero en su declaración de ayer dijo que desconocía por completo qué actividad tenía la firma en la que ella tomaba parte. «Firmé porque me lo pidió mi marido, pero yo no sabía nada. Confiaba en él y firmaba lo que él me decía». También negó haber recibido dinero de esa empresa. La misma tesis defendió su esposo, quien garantizó que su esposa «no sabía nada del negocio».

En este caso, la Fiscalía no la acusa del delito de estafa pero sí la hace responsable civil, por lo que le solicita, al igual que a los otros dos procesados, la devolución del dinero. Quién sí la acusa de estafa es la acusación particular, que le pide seis años de cárcel. La vista de este juicio continuará el 16 de octubre.