Caso David Sánchez | Hermano de Pedro Sánchez

Alejandro Cardenal, el único investigado que Biedma salva del juicio

La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz ha dictado este lunes un auto de 71 folios, al que ha tenido acceso este periódico, en el que transforma en procedimiento abreviado la investigación sobre el fichaje de David Sánchez, 'Azagra', que es en realidad el primer paso para sentar en el banquillo al familiar del presidente del Gobierno acusado de los cargos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

En este determina que sigan las actuaciones por el trámite del procedimiento abreviado contra once investigados, entre los que se encuentra David Sánchez, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, y otras nueve personas. Entre ellas, los diputados de Cultura entre 2017 y la actualidad, y funcionarios que intervinieron en el proceso de contratación de Sánchez y, posteriormente, de su colaborador Luis Carrero.

Solo salva a una persona de las que han aparecido en el listado de investigados todos estos meses. Se trata del jefe del servicio de apoyo jurídico e inspección del área de Recursos Humanos de la Diputación en 2017, Alejandro José Cardenal Guijarro. Actualmente es jefe del servicio de administración de Recursos Humanos de la institución provincial.

Inicialmente, la jueza Beatriz Biedma preguntó por Antonio Garrote, que era el delegado en el área de Recursos Humanos y Régimen Interior en 2016 y 2017, que fue cuando se creó el puesto de trabajo y su adjudicación posterior a David Sánchez.

Garrote no aparece en el auto dictado por la jueza este lunes. Durante el procedimiento, este había argumentado su condición de aforado. Por lo que la jueza pidió a la Asamblea de Extremadura que certifique que Antonio Garrote, que fue alcalde de Monesterio y diputado provincial, es diputado regional. Esa documentación llegó al juzgado y, de momento, ha quedado fuera del procedimiento.

En cambio, la jueza ha ordenado que sigan las actuaciones por el trámite de procedimiento abreviado contra once personas por presunto delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Son el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez; el presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo; la diputada y directora del área de Cultura cuando se creó y adjudicó el puesto, Elisa Moriano y Cristina Núñez; los funcionarios provinciales que intervinieron en el proceso Juana Cinta Calderón, Félix González, Manuel Candalija y Emilia Parejo; así como el trabajador Luis Carrero (que fue asesor de Moncloa), y al exdiputado Francisco Martos y a su sucesor en el área, Ricardo Cabezas.