David Sánchez pide la suspensión de los plazos hasta tener las transcripciones de los interrogatorios
El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, ha pedido al Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz la paralización de los plazos para ... recurrir la causa que investiga su contrato en la Diputación de Badajoz.
En un escrito al que ha tenido acceso el Diario HOY, el abogado Emilio Cortés pide al juzgado las transcripciones de los últimos interrogatorios y establecer un día para ver los vídeos de esas declaraciones.
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La defensa de David Sánchez, que se hace llamar Azagra en el mundo musical, argumenta que su intención es presentar un recurso al auto emitido el 28 de abril y que transforma la instrucción en procedimiento abreviado. El plazo para presentar el recurso es de diez días, por lo que pide su suspensión hasta que tenga acceso a esos interrogatorios.
La jueza Beatriz Biedma decidió no dar traslado de los vídeos de las últimas declaraciones (a cuatro investigados y ocho testigos) para evitar que las partes los filtraran. De esta manera, ha evitado que puedan llegar a los medios de comunicación. Estableció que realizaría las transcripciones y permitiría ver los vídeos en el juzgado a petición de los abogados, para lo que establecería una día y una hora.
Biedma se basó en una decisión que adoptó el Tribunal Supremo en otra causa abierta por posibles irregularidades en contratos de emergencia relacionados con la pandemia del covid en la que está investigado, entre otros, el exministro José Luis Ábalos.
El escrito de la defensa de David Sánchez tiene fecha de este 2 de mayo.
Sánchez es uno de los once investigados en la causa que está cerca de agotar su instrucción y en el que la jueza advierte indicios de prevaricación y tráfico de influencias. Además del músico, la jueza apunta al presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo; a la diputada y directora del área de Cultura cuando se creó y adjudicó el puesto, Elisa Moriano y Cristina Núñez; a los funcionarios provinciales que intervinieron en el proceso Juana Cinta Calderón, Félix González, Manuel Candalija y Emilia Parejo; así como al trabajador Luis Carrero (que fue asesor de Moncloa), y al exdiputado Francisco Martos y a su sucesor en el área, Ricardo Cabezas.
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